El proyecto impulsado por el gobierno nacional, apoyado por varias provincias, disminuye la protección que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglaciar con la intención de facilitar los proyectos mineros. La iniciativa debilita el papel del IANIGLA y deja las decisiones en manos de autoridades locales. Además, importantes juristas consideran que las modificaciones propuestas son inconstitucionales.






