Reprobados en salarios
El gobierno de Milei persiste en el recorte de fondos del sistema de educación superior. De acuerdo con un nuevo informe de IEC CONADU, los salarios docentes de las universidades nacionales perdieron casi un 30 por ciento de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023. En tanto, las transferencias al sector en los primeros cinco meses de 2025 se desplomaron un 22 por ciento respecto del mismo período de 2023.
En el marco del desarrollo de un nuevo plan de lucha convocado desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el apoyo del conjunto de gremios de conforman el Frente Sindical de Universidades Nacionales y de los estudiantes representados por la FUA, -que la semana pasada incluyó un paro de 48 horas y una marcha de antorchas hacia el Ministerio de Educación-, el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, publicó un nuevo informe que da cuenta del sistemático ataque que viene sufriendo el sistema de educación superior por parte del gobierno libertario desde el momento de su asunción en diciembre de 2023, a partir del persistente desfinanciamiento al que está siendo sometido el sector.
Según señala el trabajo del IEC, la caída salarial se viene profundizando en lo que va del año, pero el deterioro en el haber docente no ha sido lineal desde diciembre de 2023 sino que reconoce tres etapas diferentes. La primera se produjo como consecuencia de la devaluación del 118%, decidida a los pocos días del inicio de la actual administración, que produjo una pérdida del 30,3% en el poder adquisitivo de los sueldos del sector. Luego vino una segunda etapa de tenue recuperación, que se extendió entre febrero y noviembre de 2024, momento en el cual la caída se había recortado al 22,1%. A partir de ese mes, la tendencia volvió a mostrar una fuerte baja y, para mayo de 2025, el descenso se profundizó hasta alcanzar el 28.1%, es decir, una cifra muy cercana a la de los inicios de la gestión Milei. La decadencia salarial llama aún más la atención si la comparación se hace contra diciembre de 2015, último mes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en ese caso, el hundimiento del poder adquisitivo alcanza un 44,7%.
De esta manera, con los montos de los salarios netos vigentes en la actualidad, una gran cantidad de las diferentes categorías del escalafón docente, tanto de dedicación parcial, semiexclusiva y exclusiva, cobran salarios que no alcanzan a cubrir el valor de la canasta básica de bienes y servicios que se utiliza para establecer la línea de pobreza.
Si se comparan los salarios contra diciembre de 2015, último mes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el hundimiento del poder adquisitivo alcanza un 44,7%.
Una situación aún más grave se vive en el caso de las becas PROGRESAR, un programa lanzado en diciembre de 2014, dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años, con escasos recursos económicos, que deseen iniciar o finalizar sus estudios, continuar una educación superior y/o realizar experiencias de formación y capacitación laboral. Su monto era de 20 mil pesos en el final del gobierno de Alberto Fernández, se mantuvo igual hasta septiembre de 2024, cuando fue aumentada a 35 mil pesos y luego fue congelada hasta la actualidad. En términos reales, esto significa que la beca sufrió un deterioro del 59,1% hasta septiembre del año pasado, luego tuvo una leve recomposición que recortó la caída hasta el 30,8% para luego retomar su camino descendente que, a mayo de este año, se ubica en el 43,5%. Esto significa que, actualmente, la beca representa apenas el 56,5% del poder adquisitivo que tenía 18 meses atrás.
Por supuesto que este grave cuadro de situación va a tener su claro reflejo en el brusco descenso en la ejecución del presupuesto universitario llevado a cabo por el gobierno anarcocapitalista desde sus inicios. Así, entre enero y mayo de 2025 el Estado nacional transfirió 1.585.873 millones al conjunto de las universidades nacionales, lo que en términos reales implica una disminución del 22,5% respecto de lo ocurrido durante los primeros cinco meses de 2023.
El sendero regresivo implementado por el Ejecutivo queda claro en la porción decreciente que esta inversión ocupa en relación con el PBI, que declinó del 0,72% en 2023, al 0,57% en 2024 y que, para 2025, se estima que se hundiría hasta el 0,43%, si se cumplen con las previsiones de presupuesto y de evolución del PBI.
Es necesario subrayar que ese 22,5% de caída del presupuesto universitario, respecto de 2023, es apenas un promedio de la disminución de recursos, pero que hay algunos rubros en los que la motosierra de Milei recortó de una manera mucho más profunda. Así aparece, por ejemplo, el caso especifico de las transferencias de capital, que incluye inversiones en infraestructura y equipamiento que son vitales para el normal funcionamiento de las casas de estudio. En este punto, en el año 2024, no se destino ningún tipo de recurso para ninguna universidad, dicho de manera sencilla la inversión fue “cero”. Mientras que en 2025 los fondos transferidos en los primeros cinco meses del año son, en términos reales, un 96% inferiores a los invertidos durante ese mismo lapso de 2023.
En relación con el PBI, el presupuesto universitario declinó del 0,72% en 2023, al 0,57% en 2024 y , para 2025, se estima que se hundiría hasta el 0,43%.
Otro ejemplo en el mismo sentido puede señalarse en el derrumbe del presupuesto de ciencia y tecnología en las universidad. En este rubro, hasta mayo de este año se habían transferido 4.008 millones de pesos, es decir, un 87,5% menos que lo asignado en el mismo período de 2023.
Frente a este escenario de ahogo financiero, el conjunto de los sectores que forman parte del sistema universitario nacional se encuentran impulsando un plan de lucha para lograr que el Congreso debata y apruebe una nueva ley de financiamiento universitario, que tiene por objetivos garantizar los recursos para el sostenimiento de las instituciones de educación superior de todo el país, lograr una recomposición salarial para sus trabajadores y aumentar progresivamente el presupuesto destinado por el Estado al sector hasta alcanzar en 2031 un monto equivalente al 1,5% del PBI de nuestro país.
