A pesar de haber sido votada cinco veces en el Congreso y de contar con fallos judiciales favorables, el gobierno sigue empecinado en no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En este escenario, un reciente trabajo del CEPA, calculó la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de los gastos de funcionamiento desde el inicio del gobierno de Milei. También evaluó qué recuperación implicaría la aplicación de la norma vigente.






