Para protegerte mejor

Un estudio de investigadores argentinos concluyó que la inmunización contra el SARS-CoV-2 se asoció en el país con una reducción de las muertes por COVID-19 en niños y adolescentes. En concreto, la tasa de mortalidad disminuyó para los grupos de 3 a 11 años y de 12 a 17 años, que tuvieron altas coberturas de vacunación, pero no para el grupo etario de 0 a 2 años, en el que casi no hubo acceso a la vacuna en el período 2020-2022.

“En conjunto, las tasas acumuladas de mortalidad por COVID-19 en 2022 mostraron una reducción de entre 16 y 18 veces en la población de niños y adolescentes vacunada con al menos dos dosis, en comparación con la población no vacunada”, señala el bioquímico Rodrigo Quiroga, investigador del Departamento de Química Teórica y Computacional de la Universidad Nacional de Córdoba y colíder del proyecto que analizó todas las estadísticas publicadas y otras a las que accedió a través de pedidos de informes a las autoridades sanitarias.

El trabajo da cuenta de la efectividad de la vacuna en esos grupos etarios. Y sugiere, en consecuencia, la necesidad de garantizar una cobertura más amplia, especialmente en lactantes.

La Argentina fue uno de los primeros países en autorizar la vacunación contra SARS-CoV-2 en niños y adolescentes, desde agosto de 2021 para el segmento de 12 años o más, y desde octubre de 2021 para niños de tres años o más. Los niños de 6 meses a 2 años fueron vacunados con un régimen de dos dosis recién a partir de julio de 2022.

El trabajo da cuenta de la efectividad de la vacuna y sugiere la necesidad de garantizar una cobertura más amplia, especialmente en lactantes.

La priorización se basó en el riesgo de gravedad de la enfermedad, el riesgo de exposición y la vulnerabilidad social. Los adolescentes recibieron las vacunas de los laboratorios Moderna o Pfizer-BioNTech. Los niños de entre 3 y 11 años, la de Sinopharm. Y los lactantes, dos dosis de la Spikevax, de Moderna.

Publicada en Vaccine, la prestigiosa revista de inmunología del grupo editorial Elsevier, esta es la primera investigación que explora a nivel nacional el impacto de la vacunación contra COVID-19 en la mortalidad infantil y adolescente para todo el período 2020-2022, ponderando su introducción gradual en los distintos grupos etarios.

Ahora bien, durante ese segundo semestre de 2022, en niños y niñas de hasta 2 años prácticamente no hubo vacunación: apenas un 1% de esa población fue vacunado con dos o más dosis. Ese desbalance es precisamente el que permite sacar conclusiones sobre la efectividad de la inmunización en grupos etarios comparados.

“Nosotros no asignamos causalidad, pero sí damos cuenta de lo que se observa. No hay disminución de la mortalidad en el grupo etario donde no hubo vacunación. Por el contrario, en los dos grupos etarios en los que se vacunó mucho, sí se evidencia una reducción del número de fallecidos”, puntualiza Quiroga.

Entre los no vacunados hubo un fallecido cada 30 mil, y entre los vacunados con dos o más dosis, hubo una muerte cada 400 mil.

Los investigadores establecieron una tasa acumulativa mes a mes para cada edad y cada grupo de vacunación (ninguna, una y dos o más dosis). “El análisis de esos datos muestra una reducción de entre 16 y 18 veces de la tasa de fallecidos en menores de 18 años. Planteado de forma inversa, entre los no vacunados hubo un fallecido cada 30.000, y entre los vacunados con dos o más dosis, hubo una muerte cada 400.000. La diferencia es enorme”.

El estudio también consideró los distintos momentos que tuvo la vigilancia epidemiológica de SARS-CoV-2 en el país, con limitaciones en la disponibilidad de tests hasta octubre de 2020, y luego con casos confirmados mediante pruebas diagnósticas de laboratorio (el método preferido en menores de 10 años fue el hisopado nasofaríngeo). Ya desde abril de 2022, las pruebas a niños se restringieron a los casos hospitalizados con dificultad respiratoria grave.

También se analizaron las sucesivas olas de contagio, la circulación de las diferentes variantes dominantes del virus y la evolución de la política sanitaria respecto de niños y adolescentes, básicamente en lo referente a la continuidad de la escolaridad, remota o presencial, y luego a las disposiciones sobre el uso del barbijo en el aula.

El trabajo comenzó a partir de los pedidos de acceso a información pública realizados, todavía en pandemia, por Sofía Gastellú, investigadora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Rosario y coautora del proyecto, al que luego se sumaron investigadores de las Universidades Nacionales de Córdoba y Hurlingham, y Lorena Barberia, especialista en evaluación de políticas públicas de la Universidad de San Paulo, Brasil.

Quiroga llevó adelante el riguroso análisis estadístico de los datos, pero el aporte de Gastellú y Barberia es fundamental para contextualizar los resultados, en el marco de las políticas sanitarias durante y después de la pandemia.

La evidencia del trabajo es palmaria: los niños y niñas que no recibieron la inmunización contra el SARS-CoV-2 tienen un mayor riesgo de muerte relacionada con esa enfermedad.

En efecto, y ante un sistema de salud desfinanciado, se verifica una evidente merma en la notificación de casos al sistema de monitoreo y vigilancia del Ministerio de Salud. El nivel de registro, que fue muy alto en pandemia –y sin el cual un estudio como éste hubiera sido imposible–, decayó muchísimo, lo cual conspira contra la posibilidad de diseñar políticas públicas de prevención eficaces. Además, los casos de long-Covid o post-Covid no son de notificación obligatoria.

La falta de datos actualizados deja a la población vulnerable ante el riesgo epidemiológico. De hecho, parte de las estadísticas que analizaron los investigadores provino de pedidos de informes, en un contexto jurídico en el que muchos analistas temen por un apagón estadístico, luego de que un fallo judicial ordenara borrar las bases de datos de la aplicación CUID.AR, que se utilizó durante la pandemia.

Quiroga pone de relieve la importancia de un enfoque multidisciplinario para este tipo de estudios, que no sólo aportan datos sensibles sino también información que permita combatir la reticencia de la población y elevar las tasas de vacunación. Es más: el estudio revela una gran heterogeneidad en la aceptación de las vacunas entre distintas provincias, sin que esto parezca estar asociado a factores socioeconómicos o culturales. Los investigadores se preguntan si no se debe al énfasis dispar que puso cada gobierno provincial en sus campañas de inmunización.

“No hay demasiados trabajos como éste y por eso creo que Vaccine accedió a publicarlo. Existe un estudio similar sobre mortalidad por COVID en poblaciones pediátricas en Estados Unidos, que tiene conclusiones parecidas. Tratándose de datos del sur global, la particularidad de nuestro análisis es que se realizó en uno de los pocos países, junto a Chile y Cuba, que empezaron a vacunar niños antes de la llegada de Ómicron”.

La evidencia del trabajo es palmaria: los niños y niñas que no recibieron la inmunización contra el SARS-CoV-2 tienen un mayor riesgo de muerte relacionada con esa enfermedad. Pero los investigadores fueron más allá. Por un lado, procuraron relacionar la mortalidad por COVID-19 con comorbilidades como asma, deficiencias renales, prematurez, EPOC, bronquiolitis y otras. En rigor, en el 43% de los fallecimientos no se reportó ninguna comorbilidad, pero el estudio advierte que estos datos hay que tomarlos con pinzas: subsisten muchos claroscuros sobre la precisión de esos registros.

El trabajo también comparó los resultados con las tasas de mortalidad infantil en el mismo período de otras enfermedades infecciosas para las cuales la vacunación es obligatoria. “Es un hecho que la vacunación disminuyó las muertes –sostiene Quiroga–. Pero para recomendar vacunar, hay que entender cuan seria es la morbi-mortalidad causada por esta enfermedad en comparación con otras enfermedades infecciosas. Ese fue otro punto muy importante del trabajo. Mostramos que el COVID-19 fue la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en 2021, y la tercera en 2020 y 2022. Además, cuando comparamos con otras enfermedades contra las que ya vacunamos, vemos que causaron muchas menos muertes que COVID, previo a la vacunación. Por todo esto decimos que hay que reconsiderar la posibilidad de vacunar a todos los niños. ¿Por qué hacemos hincapié en los de 0 a 2 años? Los mayores ya fueron vacunados, pero en ese grupo al día de hoy no se está vacunando”.

Durante la presentación del estudio, la infectóloga y pediatra Angela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, confirmó la existencia de un gran remanente de vacunas de Moderna en el hospital, señaló las dificultades para “instalar” en la opinión pública la vacunación contra COVID-19 en pediatría y recomendó ir hacia una homogeneización del calendario, que incorpore la inmunización hasta los 2 años, en paralelo con la vacuna antigripal.

“Entonces –resume Quiroga–, habría que considerar la posibilidad de incorporarla al calendario, no sé si de manera obligatoria o no. O sea, no es que recomendamos la vacunación universal, pero sí pedimos a los organismos que revisen sus recomendaciones en base a la evidencia que va apareciendo”.

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunar a niños que no tengan comorbilidades. Este trabajo pone esa medida en discusión. La Sociedad Argentina de Pediatría ya propuso que la vacuna anticovid se incluya en el Calendario Nacional de Vacunación. Y en la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), los especialistas se expresaron en el mismo sentido. “Creemos que es un paso en la dirección correcta”, dice el investigador cordobés.

Sin embargo, y en el marco de un gobierno como el de Javier Milei, que desfinancia la salud pública y hasta interrumpe la entrega de medicamentos a pacientes con patologías graves, los responsables del estudio se preguntan si eso será posible.

“Sabemos que el contexto es muy complicado –concluye Quiroga–. Es fundamental desarrollar políticas de salud pública basadas en evidencia. Pero desde el gobierno nacional parece bajar una visión totalmente opuesta, un despropósito donde la salud queda supeditada a los recursos económicos de los que disponga cada uno para hacer validar su derecho a la salud”.