Asalto al cielo
Al cumplirse un año del lanzamiento del ARSAT-2, se llevó a cabo un panel en el que se cuestionaron en duros términos las medidas que el gobierno de Cambiemos está implementando para el sector satelital. Los especialistas en el área rechazaron la postergación del inicio de la construcción del ARSAT-3 y advirtieron que se está avanzando hacia una política de cielos abiertos que dejará trunco el incipiente desarrollo de una industria satelital en la Argentina.
ARSAT -1. Imagen: TDA Satelital.
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Quizás si hubiera que destacar un único logro que representara la materialización del conjunto de políticas impulsadas durante los gobiernos kirchneristas para desarrollar el sistema científico tecnológico nacional, la construcción y puesta en órbita de los satélites ARSAT-1 y 2 sería una elección que no generaría demasiadas controversias.
Es que el hecho, que atrajo audiencias masivas y despertó el orgullo de una amplia franja de la población, colocó a la Argentina entre un selecto grupo, de menos de diez naciones, con la capacidad de construir satélites geoestacionarios de comunicaciones y marcó un camino a seguir para que nuestro país pudiera posicionarse como proveedor de este tipo de tecnología a nivel regional y global.
En un intento por darle estabilidad a una política estratégica que sólo puede conseguir frutos en el mediano plazo y a partir de un decidido apoyo político del Estado, se sancionó la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, que contiene en su interior el “Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035”, que prevé la construcción de ocho satélites a lo largo de veinte años.
Sin embargo, a partir de la asunción del gobierno encabezado por Mauricio Macri, si bien nunca se formuló de manera explícita, los planes para el sector comenzaron a cambiar. A los primeros despidos de personal en ARSAT y a la postergación sin fecha del inicio del desarrollo del ARSAT-3, se sumaron una serie de medidas -como la habilitación para que nuevos satélites extranjeros puedan operar en el país- que apuntan a la desregulación total del sector y que parecen desembocar en una política de cielos abiertos satelitales que llevaría a la destrucción de la incipiente industria satelital nacional.
Atentos a esta situación y al cumplirse un año -el 30 de septiembre-, del lanzamiento del ARSAT-2, el Instituto Patria organizó un panel bajo el título: “ El desguace del sistema satelital argentino. Privatización y extranjerización del espacio”, del que participaron Guillermo Rus, ex vicepresidente de ARSAT, y Jorge Aliaga, ex subsecretario del MINCyT y ex decano de Exactas UBA. En tanto, el ex ministro de Educación, Daniel Filmus, actuó como moderador.
Herencia espacial
Guillermo Rus. Foto: Nadia Bascopé. Exactas-Comunicación.
Guillermo Rus comenzó apelando a un término muy de moda en los últimos meses, “la herencia”, para comparar la situación del sector espacial que recibió Néstor Kirchner cuando asumió la presidencia con la que existía en el momento en que Mauricio Macri se hizo cargo del Poder Ejecutivo. El ex funcionario relató que hacia el año 2003 la empresa Nahuelsat, un consorcio privado extranjero al que se le había adjudicado en 1991 la construcción y operación de dos satélites, estaba incumpliendo el contrato. Si bien había puesto en órbita el primero de ellos en 1997, el segundo debía estar listo en octubre de 2003 y, para esa fecha, ni siquiera había comenzado su construcción. Ante la posibilidad de que le quitaran al país esa posición orbital, Kirchner decidió rescindir el contrato con Nahuelsat y que el propio Estado se haga cargo del desarrollo de los dos satélites.
“Lo que recibe el gobierno de Macri es una situación absolutamente diferente -afirma Rus-. Recibe un operador satelital estatal que facturó por servicios unos 800 millones de pesos en el año 2015, con dos satélites en órbita, en pleno funcionamiento, fabricados en Argentina. Recibió un país con la capacidad de construir grandes satélites geostacionarios y de realizar los ensayos necesarios a partir de las habilidades adquiridas por INVAP, que pasó de tener 300 a 1300 trabajadores. A todo esto se suma un entramado industrial de pymes que generaron muchos puestos de trabajo de calidad y que permitían vislumbrar un horizonte de crecimiento para la industria satelital”.
Otra de las herramientas que dejó la administración anterior fue un plan estratégico de desarrollo satelital geostacionario, elaborado por expertos de ARSAT, que prevé la construcción de ocho nuevos satélites en un horizonte de dos décadas. Ese proyecto no fue aprobado internamente en la empresa sino que adquirió el status de ley al ser sancionada por el Congreso. “Esa norma es directamente ignorada, ni siquiera la mencionan”, se indigna Rus y explica: “Cuando asumieron, las nuevas autoridades criticaron el plan. Decían: ‘se trata de una ley sin los suficientes consensos’. Un par de meses después despidieron a varias de las personas que habían elaborado la iniciativa y, en seguida, contrataron a una consultora extranjera para que elabore un nuevo plan de negocios para ARSAT que, además, no es público. Tienen una interpretación bastante peculiar de lo que es el consenso”, ironizó.
Para Rus, todas las señales que el nuevo gobierno emitió, hasta ahora, en relación con la industria satelital, fueron negativas. Además, algunas de las decisiones que se tomaron se fundamentaron en consideraciones falsas respecto del trabajo realizado por la gestión anterior. Al respecto, citó como ejemplo que, para justificar la suspensión de la construcción del ARSAT-3, el presidente de la empresa, Rodrigo de Loredo -yerno del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad-, afirmó que al llegar a la empresa encontraron que la comercialización de ARSAT-2 estaba absolutamente en cero y que no se podía seguir financiando con recursos públicos el desarrollo de un tercer satélite. “Dijeron que habíamos lanzado un satélite que estaba vacío, que no se habían vendido sus servicios. Una semana después anunciaron que gracias a sus ‘notables’ gestiones habían logrado vender un treinta por ciento de la capacidad del satélite. Es decir, primero negaron lo que se había hecho y luego se atribuyeron sus resultados”.
De acuerdo con el ex vicepresidente de ARSAT, el debilitamiento del proyecto satelital argentino no se debe a un tema técnico ni comercial sino que se trata de una cuestión eminentemente política. “No existe en esta administración la decisión de contar con una empresa estatal satelital que le dispute mercados a los grandes operadores globales. Es un concepto con el que se sienten muy incómodos”, sostuvo.
Para finalizar, Rus dejó una última caracterización sobre la situación actual. “Estamos en un momento un poco triste. Hasta hace poco veíamos por televisión el lanzamiento de los satélites argentinos, había una idea de avanzar hacia el desarrollo tecnológico. Todo eso se va perdiendo de a poco con la política que tiene este gobierno. Pero tenemos una ley de desarrollo satelital y eso es lo que tenemos que defender”.
El precio del desarrollo
A su turno, Jorge Aliaga dio inicio a su exposición lanzando una afirmación: “No es verdad que Argentina tiene que tener una empresa nacional o satélites construidos localmente para tener servicios
Jorge Aliaga. Foto: Nadia Bascopé. Exactas-comunicación.
satelitales”. Y, en seguida, detalló una larga lista de consorcios transnacionales dedicados a operar satélites a lo largo del mundo, como la empresa SES que maneja 52 satélites; Intelsat, 59; Eutelsat, 37; Telesat, 13; StarOne, 7, entre otras. Además, existen otras compañías que fabrican satélites y brindan el servicio a través de alguna operadora como Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Thales. Hay una enorme cantidad de satélites geoestacionarios de comunicaciones que dan servicios en Latinoamérica y que podrían dar servicios en Argentina. De hecho, hay tres satélites que actualmente están operando en nuestro país. En realidad, los satélites ARSAT-1 y 2 cubren, aproximadamente, un 20 por ciento del mercado satelital que la Argentina consume. “Quiero decir que perfectamente se podría haber decidido no tener una empresa propia operadora de satélites, o no construirlos pero sí operarlos, como hace Brasil. Pero, lo cierto, es que Néstor Kirchner tomó la decisión política de que hubiera una empresa operadora nacional, que los satélites se hicieran localmente y que los fabricara INVAP”.
Respecto de lo ocurrido con ARSAT a partir del 10 de diciembre, el ex decano de Exactas señaló que el nuevo gobierno no manifestó explícitamente cuáles eran sus planes para el área, lo que obliga a analizar las diferentes medidas adoptadas para luego inferir el objetivo final que persiguen. En esa línea precisó que una de las primeras cosas que hicieron fue contratar a la consultora multinacional McKinsey para que diseñara la política de comunicaciones del país, incluyendo el sector satelital. “Es la contracara de lo que se venía haciendo, porque era el Estado el que fijaba las políticas del sector”.
Posteriormente, el gobierno fue otorgando autorizaciones a satélites holandeses, franceses y estadounidenses para que operen en el país, lo que parece apuntar hacia una política de desregulación total de las comunicaciones satelitales que significaría un golpe mortal para ARSAT. “Se está dejando entrar a operadores muy fuertes para que vayan avanzando sobre el poquito mercado que le queda a ARSAT. Y, en la medida en que ARSAT se quede sin negocio, el próximo paso va a ser decir: ‘¡Vieron que esta empresa no era rentable!’”, vaticina Aliaga con cierta amargura.
A la enumeración de medidas, el ex funcionario del MINCyT le sumó algunas declaraciones que parecen revelar las verdaderas intenciones que el gobierno tiene para el sector. Así, citó al José Antonio Sánchez Elías, referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, think tank del Pro, y CEO de la empresa de comunicaciones Tesacom, quien publicó en su muro de Facebook: “Me resulta injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de proteger nuestra industria satelital. La Argentina necesita integrarse al mundo, nuestro pueblo tiene que estar conectado a internet de la forma más económica posible”. Para Aliaga, esa frase que apela al sentido común es el centro de lo que se quiere imponer discursivamente. “Ese mensaje puede generar mucho daño porque puede convencer a mucha gente desprevenida que piensa que cuánto más barato es mejor”.
Ya cerca del cierre de su intervención, trajo a la palestra unas declaraciones del secretario de Comercio Miguel Braun formuladas durante su visita al Atlantic Council de Estados Unidos. Allí expresó con claridad que Argentina tiene que tener una economía abierta al mundo y que debe concetrarse en aquellos sectores en los que es naturalmente competitiva: agronegocios, energía, minería, productos audiovisuales y software. “Obviamente, en el marco de este paradigma, toda la política satelital que se desarrolló en la última década carece de sentido, porque es cierto que, en principio, va a ser más barato comprarle servicios satelitales a uno de estos grandes proveedores. Lo que ocurre es que si tomamos este camino, lo que no vamos a tener es industria propia. Y, entonces, lo que no vamos a tener es capacidad de darle trabajo a nuestra gente”.
