Cada vez menos para auditar
Un análisis llevado a cabo por investigadores de CONADU sobre el proyecto de presupuesto 2025 confeccionado por el Poder Ejecutivo, señala que el desfinanciamiento del sistema universitario no se toma respiro y que se profundizará durante el año próximo. También indica que buena parte del recorte recaerá sobre salarios y becas.
“En el discurso presidencial de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto se anunció una política de ‘déficit cero’, y que se buscará obtener un superávit primario de tal magnitud, que permita el pago de los intereses de la deuda pública, que de esta manera, pasan a ser la principal prioridad del gasto público”, a partir de esta cita de la palabra del primer mandatario, el informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la CONADU sobre el proyecto de presupuesto 2025, deja asentado que para el gobierno de Javier Milei la inversión en educación no será considerada como un item fundamental.
Más aun, y antes de entrar en el análisis numérico, el trabajo subraya que en el artículo 27 de esta iniciativa establece que “en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Nº 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, suspéndase para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias”. Justamente ese artículo es el que “garantiza” que el presupuesto del Estado nacional destinado al financiamiento del sistema educativo no puede ser inferior al seis por ciento del producto bruto interno. De esta manera, el Poder Ejecutivo deja montado el escenario para el recorte.
En principio, el informe señala algunos de los principales datos macroeconómicos que la iniciativa proyecta para 2025. Así, de acuerdo con los cálculos gubernamentales el PBI caerá un 3,8% en 2024 pero crecerá un 5% el año próximo. Por otro lado, en relación con la inflación calculada para este año un índice del 104,4% (aunque las principales consultoras privadas que releva el Banco Central a través del REM la ubican arriba del 120%), mientras que para 2025 la inflación “punta a punta” se proyecta en un 18% (un número que la mayoría de los economistas consideran como demasiado optimista).
El gobierno incluyó en el presupuesto la suspensión del artículo de la ley de Educación que garantiza que el financiamiento del sistema no pueda ser inferior al 6% del PBI.
Sobre ese escenario, la publicación calcula que el gasto público total que tendrá un incremento nominal del 24,3% para 2025, en realidad presenta una caída real del 3% respecto de 2024 y del 21,3% frente al 2023. Sin embargo, las partidas destinadas a la función Educación y Cultura del presupuesto nacional sufrirán una caída bastante más profunda que llegará al 38,7% real en relación con el 2023. Como dato llamativo, y para desmentir el latiguillo de que el ajuste afecta a todos por igual, los autores resaltan que los recursos dirigidos hacia la función Inteligencia, que incluye los gastos reservados de la SIDE, se incrementarán un 37% por encima de la inflación calculada.
En definitiva, para 2025 se prevé que los fondos para Educación y Cultura alcancen apenas al 0,88% del PBI, de manera tal que se consolida la tendencia al desfinanciamiento del sistema educativo. Ese valor es el más bajo de la década y representa una caída del 38% respecto de lo asignado en 2023 y del 53% frente al 2015.
Otro de los sectores castigados será Ciencia y Tecnología, ya que los recursos otorgados en el presupuesto 2025 se mantienen en el mismo nivel bajísimo del 2024, alcanzando apenas el 0,22% del PBI. Una cifra que implica una caída del 27% en relación con el 2023 y del 37% sobre el 2015.
Para las universidades (casi) nada
En el rubro Universidades Nacionales en particular, el presupuesto prevé que las transferencias lleguen al 0,51% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, incluso por debajo del que se prevé alcanzar en 2024 que sería del 0,53%. La cifra significa un descenso del 29% frente a lo percibido en 2023 y del 40% respecto de 2015. Además a esta reducción se le suma la caída del presupuesto que llegaba a las universidades nacionales desde otros organismos distintos a la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU).
En concreto, según el proyecto de presupuesto, el Programa Desarrollo de la Educación Superior que gestiona la SPU, contará en 2025 con un monto cercano a los 3,8 billones de pesos, lo que representa una suba nominal del 28,9% respecto de 2024 y de un 0% real considerando la inflación prevista para el año próximo. Además, esa cifra representa apenas un poco más de la mitad de los 7,2 billones de pesos reclamados por el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que el sector pueda funcionar sin inconvenientes el año próximo.
A su vez, el informe aclara que también hay recursos para universidades en otras dependencias (ministerio o secretarías) pero que ese detalle no está expuesto en forma expresa en el proyecto. De todas maneras, los autores estiman que ese monto puede sumar otros 17 mil millones de pesos.
En el rubro Universidades Nacionales el presupuesto prevé que las transferencias lleguen al 0,51% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, inferior incluso al de 2024.
Seguidamente el trabajo se aboca a analizar la composición del presupuesto previsto para las universidades nacionales y, en ese sentido, precisa que la iniciativa dispone un incremento en los recursos que se dirigen a gastos de funcionamiento, inversión en hospitales y otros programas, pero en contraposición reduce la parte destinada a los salarios, lo que indicaría que el ajuste se concentrará principalmente en los ingresos de docentes y no docentes.
De hecho, esta decisión parece profundizar la política exhibida por este gobierno desde que asumió en diciembre de 2023, de deteriorar el poder adquisitivo de los sueldos del sector. Así, desde ese momento hasta el mes de septiembre de 2024, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de las universidades cayeron un 25% en términos reales, un derrumbe que es mayor al sufrido por los salarios del sector formal, del sector informal y del resto de los trabajadores del Estado.
El otro rubro sobre el que se descargará con ferocidad el impacto del ajuste está relacionado con los fondos del programa de becas. Las transferencias asignadas a tal fin aparecen prácticamente congeladas a los mismos valores de este año, con lo cual, la caída real respecto de 2024 es de un 22%, mientras que frente a 2023 se derrumban en un 64%.
Por estos días el proyecto de presupuesto 2025 está siendo debatido por un plenario de comisiones en la Cámara Baja. Queda en manos de diputados y senadores la posibilidad de modificar las partidas para asegurarle a las universidades nacionales un funcionamiento adecuado y sin apremios para todo el año próximo y para evitar que siga adelante el proceso de pauperización creciente que sufren los trabajadores docentes y nodocentes. De no ser así, se prevé un año de agudización de los conflictos en el ámbito de la educación superior.
