Modifican la Ley de Educación Superior

Entrada libre y gratuita

actualidad — por el 19/11/2015 a las 12:48

El Senado sancionó una norma que modifica varios artículos de la Ley de Educación Superior aprobada en 1995. Entre las reformas más importantes se prohíbe el cobro a los estudiantes de tasas o aranceles para cursar sus carreras de grado y reafirma que en nuestro país no puede aplicarse ningún tipo de examen para ingresar a las universidades. Para clarificar los alcances y fundamentos de la iniciativa NEXciencia dialogó con su autora, la diputada Adriana Puiggrós.

Adriana Puiggros. Foto Diana Martinez Llaser

Adriana Puiggros. Foto Diana Martinez Llaser

http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/AdrianaPuiggros.mp3
Descargar archivo MP3 de Adriana Puiggrós

http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/AdrianaPuiggros2.mp3
Descargar archivo MP3 de Adriana Puiggrós2

La década del 90 no fue positiva para la educación pública en la Argentina. Uno de sus legados fue una Ley de Educación Superior sancionada en 1995, impulsada por el gobierno menemista y resistida por la enorme mayoría de la comunidad universitaria. La norma, entre otras disposiciones, abandonaba el principio de gratuidad de la enseñanza al permitir el cobro de aranceles en las universidades que así lo decidieran. Asimismo, de manera bastante oblicua, abría la posibilidad de establecer exámenes de ingreso. En efecto, en su artículo 50, la iniciativa determinaba que en las universidades con más de 50 mil estudiantes el régimen de admisión sería definido por cada facultad. Rápidamente, la Facultad de Medicina lanzó un curso de ingreso con examen restrictivo (llamado CPI), alternativo al CBC, que se mantuvo durante algunos años en medio de una batalla legal con las autoridades de la UBA que desconocían esa herramienta.

A lo largo de tres períodos de gobiernos kirchneristas, si bien se llevaron a cabo múltiples transformaciones en el sistema educativo, no se pudieron alcanzar los acuerdos necesarios para votar una nueva legislación que reemplazara a la norma noventista. Ahora, a pocos de días de que finalice el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el Senado convirtió en ley una iniciativa que modifica algunos de los artículos más controvertidos de la Ley de Educación Superior vigente.

La autora de este proyecto es la diputada del FPV Adriana Puiggrós, una de las expertas más reconocidas en el ámbito de la educación en toda Latinoamérica. La legisladora tuvo que batallar de manera perseverante para lograr que la iniciativa, aprobada en Diputados en 2013, se convirtiera ahora en ley, cuando estaba a punto de perder estado parlamentario.

– ¿Cuáles son los alcances concretos que tiene esta modificación sobre la Ley de Educación Superior (LES)?

– Hay que dejar en claro que se trata de modificaciones a la ley vigente, con lo cual, no ha habido un cambio integral y ese cambio lo estamos esperando, es necesario. Ahora bien, en primer lugar se establece la gratuidad de la educación superior de grado. Se determina taxativamente. Se prohíbe la aplicación de tasas, aranceles, o contribuciones que signifiquen que el estudiante deba pagar sus estudios de grado. Es decir, no quedan dudas de que la educación universitaria de grado en la Argentina es gratuita. Alguien podría decir: “Ya era”. No es así. En la ley vigente se abría la posibilidad de cobrar tasas o contribuciones. Tasas es sinónimo, en cualquier diccionario, de arancel.

De hecho se cobraban aranceles en algunas universidades nacionales.

– Exactamente. Cosa que se vino extendiendo porque de hecho la ley lo permitía. Esta modificatoria establece que no se puede cobrar arancel alguno. En segundo lugar, se reitera, que no puede haber exámenes de ingreso. En Argentina, algunas facultades de algunas universidades, aplicando el artículo 50 de la LES, por tener más de 50 mil alumnos, interpretaban que podían definir su propia forma de ingreso, que podían fijar cupos, cosa que, en realidad, son atribuciones de las universidades, no de las facultades. Tenemos varios casos: la Facultad de Medicina de La Plata, la de Córdoba o la de Cuyo, en las cuales entran sesenta u ochenta estudiantes por año y se presentan dos mil o tres mil. Bueno, la modificatoria establece claramente que no puede haber examen de ingreso, que el ingreso en la Argentina es irrestricto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un alumno que termina la escuela secundaria tiene derecho a ingresar al sistema de educación superior. Las universidades en ejercicio de su autonomía, así como los institutos que dependen de los gobiernos, pueden establecer los cursos de nivelación que consideren apropiados pero el alumno ya está en el terreno de la educación superior. Y esas decisiones las toman los concejos superiores de las universidades de acuerdo a sus propios estatutos.

"No quedan dudas de que la educación universitaria de grado en la Argentina es gratuita", afirma con contundencia Puiggrós.

«No quedan dudas de que la educación universitaria de grado en la Argentina es gratuita», afirma con contundencia Puiggrós.

Justamente, una de las críticas que se hacían, era que con esta modificación habría que eliminar el CBC porque quedaría fuera de la ley.

– No es lo mismo el CBC que un examen de ingreso. El CBC es una resolución de la UBA que determina que los alumnos que ingresan tienen que hacer un curso de nivelación, es decir, que el alumno en el CBC adquiere muchos conocimientos. El CBC es una parte de su carrera. Es más, yo hace mucho tiempo que propongo que al alumno que lo termina se le de un certificado. Eso me parece muy importante porque revertiría la idea de deserción. Si se certificara lo que los alumnos van haciendo la deserción sería un concepto que perdería valor. Alguien que cursó el CBC, tiene más saberes que el que no lo cursó. Y alguien que hizo tres años de la carrera de Medicina, es alguien que tiene los conocimiento suficientes como para ordenarse curricularmente y certificarse como paramédico que, dicho sea de paso, en Argentina falta mucho personal paramédico. Entonces, si nosotros certificáramos, cambiaríamos la manera pensar por la cual hoy los denominamos desertores o personas que abandonan o que fracasan. Con ese esquema de pensamiento, podemos decir que la universidad pública argentina es un fracaso, porque muchos abandonan. Entonces, ¿para qué vamos a invertir en la universidad pública? ¿Para qué hacer un gasto inútil si el 70% de alumnos abandonan? Este razonamiento hay cambiarlo profundamente. En lugar de ser instituciones desertógenas, las universidades públicas tienen que ser instituciones que vayan acreditando lo que los alumnos hacen. Si hacemos eso, el número de desertores cambiaría totalmente, porque es el concepto mismo de desertor el que proviene de una idea meritocrática, de una idea segregacionista de la universidad.

La idea sería que no haya sólo una gran meta que demanda entre seis y ocho años de carrera.

– ¡Claro! Cómo puede un estudiante que ingresa a una universidad en 2015 imaginarse qué va a ser de él en el año 2021. Eso era posible en la primera mitad del siglo pasado, hoy el mundo es muy distinto. En cambio, es mucho más fácil para él visualizar que dentro de tres años va a haber conseguido un título técnico o una especialización; que a lo mejor tiene que ir a trabajar y va a poder retomar sus estudios más adelante. Este es un criterio opuesto a los que creen que debe haber una universidad muy tradicional donde hay un señor profesor catedrático, que da sus clases magistrales, con el menor número de alumnos posibles para que se produzca un cuello de botella y luego aportar profesionales a una corporación que es la propietaria de un campo profesional. Otro criterio distinto es el de abrir la universidad porque hay un derecho, el derecho de todos los jóvenes a ingresar a la educación superior y vamos a tratar de que no se frustren. En lugar de predecir y diseñar el camino de la frustración, vamos a crear un camino distinto. El pensamiento neoliberal sostiene que no puede aprender el conjunto y que, sobre todo, no debe haber una inversión pública tan grande en educación. Esto es lo central del asunto: que nos rebajen los impuestos y que a la universidad llegue una élite. Y esto también suele ponerse en otros términos que podrían plantearse así: el esfuerzo social y económico debe estar puesto en los superdotados, en los que tienen más mérito. Nuestra idea es otra: para que lleguemos a tener los investigadores y profesionales que la sociedad necesita; para que entre ellos, además, haya algunos que lleguen todavía más alto, para que tengamos premios Nobel, hace falta educar al conjunto. No es la copa que derrama, es al revés, hay que invertir al copa.

Algunos senadores criticaban estas reformas porque sostenían que violaba la autonomía universitaria. ¿Esto es así?

– Eso, en realidad, escondía la intención de que no saliera la ley porque, si en ese momento, se hacía alguna corrección tenía que volver a Diputados y perdía estado parlamentario. De todas maneras, la autonomía y la autarquía están garantizadas por el artículo 75 inciso 19 de la Constitución de 1994. Yo fui constituyente y voté ese artículo. No hay ningún argumento como para pensar que restringe la autonomía. Son las propias universidades las que tienen que determinar si hay un ciclo de ingreso, un CBC, un ciclo de nivelación. Mire, el problema más grave de la educación argentina es la educación secundaria. Toda discusión sobre examen de ingreso, CBC o lo que sea, es una discusión sobre parches. Lo que hay que modificar es la escuela secundaria. Porque si la secundaria funcionara bien, los alumnos que finalizaran ese ciclo ingresarían al nivel de educación superior y no habría más discusión. Esto yo lo repito porque hace muchos años que discutimos sobre parches.

 "La modificatoria establece claramente que no puede haber examen de ingreso, que el ingreso en la Argentina es irrestricto", explica.

«La modificatoria establece claramente que no puede haber examen de ingreso, que el ingreso en la Argentina es irrestricto», explica.

– Llegamos al final del gobierno de CFK y no se pudo aprobar una nueva ley de educación superior. ¿Cuáles son los motivos que impidieron alcanzar ese objetivo?

– Yo creo que es indispensable sancionar una nueva ley. El proyecto tiene estado parlamentario porque lo acabo de presentar de nuevo. Yo termino mi mandato el 10 de diciembre pero otros diputados seguirán sosteniéndolo. Y también hay proyectos de otros bloques. ¿Por qué no se trató? Bueno, yo creo que los puntos que toca la modificatoria son los más sensibles. Me faltó uno que establece que las universidades públicas deben rendir cuentas a la AGN sobre la totalidad de sus fondos, tanto los que reciben del presupuesto nacional como los del propio producido. Este creo que fue uno de los motivos por los cuales alguna gente se opuso a que hubiera una nueva ley. Además, la modificatoria establece que ninguna universidad pública podrá establecer acuerdos o convenios con entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que signifiquen la mercantilización de la educación. Esto es muy importante porque la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció que la educación superior es un bien transable. Durante el gobierno de Kirchner se hizo un acuerdo con Brasil para no aceptar esa clá usula corriendo el riesgo de que se adoptaran sanciones contra el país. En este tema también la ley vigente dejaba espacios abiertos. La modificatoria prohíbe acuerdos de este tipo. Lo cual no quiere decir que una Facultad no pueda hacer un convenio con una empresa para que los alumnos puedan hacer prácticas o para el desarrollo de una tecnología o para lograr una patente. Eso es posible. Pero una cosa muy distinta es tercerizar funciones fundamentales de las universidades públicas.

¿La ley fue frenada por intereses que surgen del interior del sistema universitario?

– Yo creo que sí, que vienen de adentro del sistema universitario. Hay quienes defienden la ley anterior, hay quienes defienden el arancel. Mire, una cosa que siempre me preguntan es si es un problema grave que haya cada vez más universidades privadas. Yo creo que no, que el problema más grande es que se privatice la universidad pública. Es decir, que haya una invasión del mercado sobre lo público. Pero si hay un sistema de educación pública firme, bien financiado, que funciona adecuadamente, cuyos docentes son reconocidos, entonces no importa que haya universidades privadas. Son universidades que responden a intereses particulares y el que quiere pagar, la paga. Pero eso no quiere decir que el conjunto de los argentinos no tenga la obligación, a través de sus impuestos, de financiar la universidad pública, que es la garantía de que la sociedad va a tener los ingenieros que necesita para hacer las obras públicas, los médicos para curar, los pedagogos, asistentes sociales, sociólogos, filósofos o lo que haga falta. Esa es una responsabilidad del conjunto de la sociedad.

Tags: , , , ,

Los comentarios están cerrados.