La ley del mar
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Buque Puerto Deseado. Foto: MINCyT
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Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
Lino Barañao. ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Foto: Diana Martinez Llaser. Exactas-Comunicación.
– ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
– ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
– En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
– ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
– Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante
Lino Barañao. ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Foto: Diana Martinez Llaser. Exactas-Comunicación.
muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
– ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
Martín Saraceno. Foto: Exactas-Comunicación
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar. Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes. Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
