S.O.S. ciencia
Diversos colectivos y gremios que forman parte del sistema científico tecnológico nacional impulsan la aprobación de un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector. La iniciativa tiene por objeto obligar al Poder Ejecutivo a desembolsar los recursos que dispone la ley de financiamiento del sistema, ya aprobada en 2021, pero que el gobierno incumple. Los organismos e institutos se encuentran al borde de la parálisis y ya está en marcha un nuevo proceso de “fuga de cerebros”.
Motosierra y licuadora. Esos son los dos instrumentos, que según su propia definición, está utilizando el gobierno encabezado por Javier Milei para demoler, con prisa pero sin pausa, el sistema científico tecnológico nacional. Licuadora para desvalorizar salarios y estipendios de los integrantes del sistema, y mantener congelado el presupuesto frente a una inflación del 280 por ciento anual. Y motosierra para despedir a un millar de trabajadores, recortar el número de ingresantes a la carrera de investigador y reducir la cantidad de becarias y becarios. A todo esto se le suma una llamativa torpeza para la gestión pública que hace muy difícil discernir si se trata de impericia o de malicia, la marcada incapacidad para hacer efectivos hasta los gastos de partidas ya aprobadas.
Frente a este escenario desolador, un conjunto de colectivos y gremios del sector, encabezados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia del sistema nacional de ciencia y tecnología con el objetivo de asegurar el financiamiento adecuado del sector durante el año en curso.
“Resulta paradójico impulsar la sanción de una ley para que se cumpla otra ley”, afirma con cierta ironía el diputado de UxP Daniel Gollan, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara Baja. Y enseguida aclara: “El objetivo de esta ley de emergencia es asegurar el cumplimiento de la ley de financiamiento del sector de CyT que fue votada por unanimidad hace apenas un par de años y que está siendo totalmente ignorada. Porque esta ley está vigente, no ha sido derogada y fue aprobada sin votos en contra”.
El objetivo de esta ley es asegurar el cumplimiento de la ley de financiamiento del sector que fue votada por unanimidad hace apenas un par de años y que esta siendo totalmente ignorada.
La Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue sancionada en febrero de 2021. La norma establece, entre otras cosas, una garantía por la cual la asignación de recursos para la función ciencia y técnica del presupuesto nacional nunca podrá ser inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior y obliga a incrementar los presupuestos prorrogados (como ocurre este año con el presupuesto 2023) si la recaudación de la administración pública aumenta.
Pero además, la ley dispone un incremento progresivo y sostenido de los recursos destinados a fortalecer el sistema de CyT, con aumentos anuales, hasta alcanzar en 2032 una participación que no podrá ser inferior al 1% del producto bruto interno.
“Hoy contamos, en términos reales con un presupuesto que representa apenas un tercio de los fondos que teníamos el año pasado”, señala Jorge Geffner director del Instituto de Investigaciones Biomedicas en Retrovirus y Sida (INBIRS, UBA – CONICET) y referente de RAICYT. Y refuerza: “La ley de financiamiento planteaba un incremento paulatino, año tras año, del porcentaje del PBI destinado a la función de CyT. Bueno, no solo no estamos creciendo sino que estamos retrocediendo de una manera tremenda. Estamos ante la menor inversión en ciencia y tecnología de, al menos, los últimos 20 ó 25 años”.
Anatomía de una caída
Ya durante la campaña, Milei anunciaba en un tono casi jocoso en sus apariciones televisivas su intención de cerrar el CONICET. A partir de su asunción, el gobierno puso en marcha de una forma sistemática la miseria planificada de las capacidades estatales para llevar a cabo las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Esta poda de recursos se vio reflejada en la prórroga del presupuesto 2023 que, en el actual contexto inflacionario, representa para fines del primer trimestre una disminución del 30% en los fondos asignados para el sector. De esta manera, la función Ciencia y Técnica que representaba el 1,53% del total del presupuesto de la administración pública nacional en 2023, cayó al 1,19% del total, lo que constituye la mayor caída desde que existe la función Ciencia y Técnica como tal, en 1972.
Actualmente, el sistema cuenta, en términos reales, con un presupuesto que representa apenas un tercio de los fondos que teníamos el año pasado.
A la escasez de recursos se le suma la subejecución del magro presupuesto otorgado que llega a límites insólitos para el caso de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología que en los primeros 5 meses de año solo gastó el 1,52% de los recursos asignados para todo el año.
En relación con el personal del área, ya se han producido alrededor de un millar de despidos en el conjunto de organismos que integran el sector y se teme que puedan producirse nuevas desvinculaciones hacia fines de este mes “aprovechando” la fecha de finalización de numerosos contratos. A su vez, se redujeron a menos de la mitad las becas de doctorado, mientras que la convocatoria para ingresar a la carrera de investigador de CONICET recibió este año un 30% menos de postulaciones en relación con la del año pasado.
Por otro lado, los salarios de los trabajadores del CONICET y los estipendios han caído un 25% desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2024. Por lo que deberían recibir un aumento del 33% para recuperar su poder adquisitivo.
Este conjunto de indicadores se traducen en el hecho de que si se proyectan los recursos invertidos en el sector durante el primer cuatrimestre para lo que resta del año, la cifra alcanzará apenas al 0,22% del PBI, cuando la ley de financiamiento del sector establece que para 2024 ese porcentaje no puede ser menor al 0,39% del PBI.
Este ajuste feroz ejercido sobre el sistema llama particularmente la atención si se lo compara con la inversión pública en investigación y desarrollo que llevan adelante muchos de los países que este mismo gobierno señala como los modelos a seguir. Así Austria y Noruega destinan al sector el 1,04% de su PBI; Alemania el 0,93%; Suecia 0,82%; Francia 0,73% y Estados Unidos 0,69%.
Por otro lado, frente a las denuncias que realizan algunos voceros oficialistas respecto de que el sistema estaría sobreexpandido, la realidad marca que mientras Argentina cuenta con 3 investigadores cada mil personas que integran la población económicamente activa (PEA), esa cifra alcanza el 16,5 para Suecia; 16,2 para Finlandia; 13,7 en Noruega; 11,7 en Francia; 10,8 en Irlanda y 10,3 en Japón.
Muchos institutos, para fin de año o marzo del 2025, van a estar perdiendo entre un 25 y un 30 por ciento de sus recursos humanos.
Dada la insignificancia de los recursos destinados al sistema científico en el conjunto de los gastos del Estado y mucho más si los medimos contra el PBI, la crudeza del ajuste sobre el sector parece esconder algo más que la pasión que siente el presidente por el superávit fiscal.
“Yo creo que hay tres aristas que explican este recorte. La primera es que entramos en el marco del plan de ajuste general. Pero hay otras dos más específicas. Por un lado, si vamos a volver a ser un país exportador de materias primas ¿cuál sería el rol que tendría el sector científico tecnológico? Un país que no apuesta al desarrollo industrial como motor no necesita un sistema de CyT”, reflexiona Geffner y completa: “Y por último, yo creo que la ciencia es desarrollo de pensamiento crítico y eso es algo que le molesta sobremanera a este gobierno”.
“Claramente hay una decisión de destruir la ciencia argentina -sostiene con firmeza Gollan-. Hace poco el presidente dijo que ‘amaba ser el topo que venía a destruir el Estado desde adentro’. Bueno, en el sector científico tecnológico lo está poniendo en práctica”.
Un largo y sinuoso camino
El proyecto de ley recientemente obtuvo dictamen en la Comisión de Ciencia con el apoyo de numerosos diputados y diputadas de diferentes fuerzas políticas. “Ahora pasará a la Comisión de Presupuesto y Hacienda -explica Gollan-. Allí sabemos que su titular (José Luis Espert) va a ponerle trabas y va a intentar cajonearlo. Pero a la larga es probable que lo voten positivamente. Después vendrá el tratamiento en el recinto, donde el oficialismo también realizará maniobras dilatorias. Pero es posible que finalmente se apruebe. Luego será el turno del Senado que tranquilamente la podría convertir en ley. Y, finalmente, habrá que ver si el presidente no la veta. En ese caso podríamos insistir. Es un proceso largo, pero la ley puede salir”.
Teniendo en cuenta la compleja realidad del sector, los tiempos de maduración de las inversiones realizadas en equipamiento e infraestructura, así como también el largo plazo requerido para la formación del personal altamente calificado que allí se desempeña, la desarticulación del sistema de CyT es particularmente grave no solo por sus graves efectos en el presente, sino también por la dificultad de revertir sus consecuencias en el futuro.
“Una consecuencia que me preocupa mucho es sufrir un nuevo éxodo de jóvenes científicos, que ya se ha puesto en marcha. Nosotros hicimos una encuesta y de continuar con esta política, muchos institutos para fin de año o marzo del 2025 van a estar perdiendo entre un 25 y un 30 por ciento de sus recursos humanos. Nosotros, como país, bancamos toda la formación de un investigador y cuando ese investigador está maduro y tiene que empezar a producir, a formar su propio grupo, por un problema de subsistencia decide irse al exterior. Es descorazonador”, dice Geffner con desazón. Y advierte: “El éxodo de científicos en los próximos meses va a ser un problema crítico, muy muy crítico”.
