Los números del ajuste
Un análisis llevado a cabo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone en evidencia el deterioro que sufre el presupuesto universitario a partir de 2016, lo que se refleja tanto en la caída de los salarios docentes como en las partidas destinadas a infraestructura. La evaluación de lo ocurrido durante el primer semestre de 2018 indica que el daño se ha profundizado. ¿Es cierto que ningún pobre llega a la universidad pública?
Marcha de estudiantes y docentes universitarios al Congreso en rechazo al recorte del presupuesto y en reclamo de una recomposición salarial.
La educación pública, en general, y el sistema universitario y de ciencia y tecnología, en particular, están sufriendo una crítica situación de desfinanciamiento presupuestario y de caída salarial que impide el desarrollo normal de sus actividades, tanto científicas como docentes. El deterioro se viene produciendo desde 2016, con el inicio mismo de la administración Cambiemos, pero las circunstancias fueron empeorando y, ya en 2018, el estrangulamiento de recursos pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio y de los institutos de investigación.
A lo largo de este año, el conflicto fue cobrando una visibilidad pública cada vez mayor debido a las múltiples acciones de protesta que desarrollaron las organizaciones sindicales docentes, no docentes, representaciones estudiantiles, becarios e investigadores que se manifestaron a través de clases públicas en el Congreso y Plaza de Mayo, abrazos a las distintas instituciones educativas, tomas de facultades, huelgas y movilizaciones, con el objetivo de flexibilizar la posición oficial y lograr un aumento de recursos que compense, mínimamente, la devaluación de la moneda y la escalada inflacionaria.
La gravedad de la situación tuvo su traducción institucional a partir de declaraciones de apoyo emitidas, entre otros, por los consejos superiores de universidades, la Academia Nacional de Ciencias, y el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el 20 de junio escribió dos notas al jefe de gabinete Marcos Peña, solicitando “el cumplimiento del acuerdo de recomposición salarial y de los planes de infraestructura y, en particular, con obras licitadas que no han comenzado, presentan retrasos o están detenidas”. Nunca se recibió respuesta o solución alguna.
La movilización tuvo su punto culminante el jueves 30 de agosto cuando cientos de miles de personas marcharon entre el Congreso y la Plaza de Mayo en defensa de la Universidad pública. Los reclamos continuaron y la semana pasada nuevamente miles de alumnos y docentes de todos los niveles educativos volvieron a concentrarse frente al Congreso nacional para reclamar que los diputados traten una batería de proyectos que permitirían mejorar los recursos del sector.
A lo largo de estos largos meses de conflicto, el gobierno sólo atinó a responder, en el plano discursivo, afirmando que realiza grandes esfuerzos para aumentar la inversión en educación, incluso por encima de la inflación, estigmatizando a la dirigencia sindical docentes acusándola de impulsar medidas de fuerza con oscuros intereses político partidarios, y culpando a las “malas administraciones” de las distintas casas de estudio por la crisis presupuestaria de las universidades. Por otro lado, en el plano de los hechos, la única contestación a los reclamos fue una reasignación de partidas que volvió a recortar el presupuesto universitario en más de 1.600 millones pesos para 2018.
Ahora bien, ¿es verdad que los salarios de los docentes universitarios mantuvieron su poder adquisitivo a lo largo de estos tres años de gobierno de Cambiemos? Los recursos destinados a las universidades, ¿siguieron un recorrido similar al aumento de los precios? Para contestar con precisión estas preguntas, un estudio recientemente publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado por Eva Sacco, Juan Pablo Costa y Nicolás Salerno, realiza un pormenorizado análisis del presupuesto y los salarios al primer semestre de 2018. El trabajo le puso números al ajuste.
Camino al nanosalario
El informe señala que el salario de los docentes universitarios acumula una caída desde el 2016 que no logró recuperarse en el 2017 y que, en 2018, dada la inflación
Gráfico 1. Evolución del salario real docente y promedios 2015-2018 considerando la propuesta de 15% e inflación del 42%. Fuente: elaboración CEPA y Agenda Compartida.
acumulada y las proyecciones para lo que queda de año, sufrirá un nuevo descenso.
En concreto, el salario real de los docentes universitarios experimentó, en 2016 una pérdida de poder adquisitivo promedio de 8,8%, mientras que en 2017 tuvo una leve recuperación que apenas alcanzó a 1,3%. Es decir que, entre 2015 y 2017, los sueldos sufrieron un deterioro, en promedio, del 7,5% frente a la inflación. Presentándolo de otra manera, se puede afirmar que, en promedio, por cada 100 pesos que cobraban len 2015, los docentes recibieron el equivalente a 92,4 pesos en 2017 (ver gráfico1).
El estudio también ofrece otra manera de entender este recorte salarial: “Tomando como referencia la remuneración de un cargo de dedicación simple titular, sin antigüedad que es de 8.351 pesos según la grilla salarial vigente, esto implica una pérdida de 626,4 pesos mensuales, acumulando desde enero de 2016 a diciembre de 2017 una pérdida de 15.033 pesos por dicho cargo”.
Ahora bien, ¿qué pasará con el salario docente en 2018? Para brindar una respuesta, los investigadores del CEPA tomaron como escenario proyectado de inflación el cálculo que dio a conocer el propio gobierno cuando admitió que trabajaba sobre una índice del 42% para este año. Vale tener en cuenta que se trata de un pronóstico conservador ya que distintas consultoras privadas están trabajando sobre índices que van del 45% al 50%.
Con ese marco, los economistas calcularon la evolución del salario docente promedio sobre la base de tres acuerdos paritario posibles: el primero toma como válida la primera propuesta que realizó el gobierno nacional que implicaba un aumento del 15% para todo el año otorgado en varias cuotas (E1); una segunda alternativa que lleva el aumento a un 20% (E2); y la tercera, que era la reclamada por los gremios docentes, con una suba del 30% (E3). Cabe aclarar que en el momento en que se publicó este trabajo todavía no se había cerrado la paritaria, firmada por la mayoría de los gremios (la CONADU Histórica rechazó el acuerdo), y que estableció un aumento de un 25% promedio, con una cláusula de revisión para noviembre y diciembre.
Cuadro 1. Fuente: elaboración CEPA y Agenda Compartida.
Teniendo en cuenta esta salvedad, el informe marca que en los tres escenarios se consolida una pérdida ubicada entre -11,0% y -13,9%, entre los años 2015 y 2018. Pero, además, la reducción del poder adquisitivo también se verifica en la comparación entre 2017 y 2018, con porcentajes que van desde el -6,8% en el E1, el -4,4% en el E2 y el -3,8% en el E3 (ver cuadro 1). Teniendo en cuenta que la paritaria acordada alcanza al 25% de aumento resulta claro que el deterioro salarial se ubicará en un punto intermedio entre los escenarios 2 y 3.
El trabajo también analiza la evolución del salario para diciembre de cada año bajo el escenario inflacionario señalado y considerando los mismos tres acuerdos paritarios. Los investigadores destacan que “este dato es particularmente importante porque el salario de diciembre resulta ser el punto de partida de las negociaciones paritarias para el año siguiente”. El resultado es que, en los tres escenarios, se percibe una pérdida todavía más pronunciada que se ubica entre el -10,9% y el -22,4%, entre los años 2015 y 2018. Mientras que en el cotejo de más corto plazo, 2018 contra 2017, el deterioro salarial va del -17,3% en el E1 hasta el -5,0% en el E3. (ver cuadro 2)
Cuadro 2. Fuente: elaboración CEPA y Agenda Compartida.
De este análisis se desprende que el derrumbe del poder adquisitivo del salario docente para el año 2018 sólo podría revertirse en el caso de que los sindicatos logren que el gobierno otorgue un aumento sustancial a partir de la cláusula de revisión prevista por el acuerdo paritario para los meses de noviembre y diciembre.
Infraestructura en picada
Más adelante, la investigación pone el foco sobre las partidas destinadas a obras de infraestructura y recursos de capital, es decir, los fondos destinados para nuevos pabellones, aulas, laboratorios, equipamiento, etc. De acuerdo con el informe, esos recursos vienen sufriendo un recorte sistemático que, en algunos casos, no se limita a una caída en términos reales sino directamente nominales. Así, en el año 2016, estas transferencias se redujeron nominalmente en un 33%, pasando de casi 1.500 millones de pesos a menos de 1.000 millones. En el año 2017, se produjo un incremento sustancial del 47% en términos nominales, pero esa cifra no alcanza para compensar la inflación acumulada. De allí que, comparando los años 2015 y 2017, esos fondos se redujeron en términos reales un 17%.
El trabajo presenta una lista en la que aparecen especificados los recortes en cada una de las universidades. De allí se desprende que las más perjudicadas fueron: Universidad Nacional de Rafaela -98%; La Matanza -92%; Hurlingham -91%; General San Martín -88%; Moreno -64%; Lomas de Zamora -51%, y Quilmes -51%. En este escenario, llama la atención la situación de la UBA, que entre 2015 y 2017 recibió un aumento de recursos que representa un 144% en términos reales.
Los investigadores concluyen que: “estos recortes comprometen a mediano y largo plazo la calidad educativa ya que no permiten el reacondicionamiento y desarrollo del capital de trabajo. Además, en el caso de las nuevas universidades como las creadas en el Gran Buenos Aires, estos recortes comprometen de manera directa su funcionamiento ya que son universidades que están en una etapa de expansión de su matrícula y de crecimiento de su oferta académica, por lo que resulta imperativo la inversión en nueva infraestructura para dar soporte material a ese crecimiento”.
Los pobres, ¿caen o no caen en la universidad pública?
A fines de mayo 2018, María Eugenia Vidal habló en un almuerzo ante empresarios, organizado por el Rotary Club Buenos Aires en el Hotel Sheraton. Allí se preguntó: “¿Es equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina llega hoy a la universidad?”.
El trabajo se ocupa de contrastar esta afirmación de la gobernadora con una investigación realizada por la Universidad Pedagógica Nacional sobre la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. De esa información surge que, entre 2008 y 2015, hubo un aumento de la población estudiantil universitaria pública en los partidos del conurbano bonaerense del orden del 39%. Pero el mayor incremento en el acceso a la Universidad se verifica entre la población de menores ingresos, alcanzando un 47% en el quintil 1 (el 20% de la población de menores recursos), y de un notable 95% en el segundo quintil. Mientras que, entre las personas de mayores ingresos, agrupadas en el quintil 5, el aumento fue del 21%.
Para los integrantes del CEPA estas cifras “ratifican el proceso de democratización experimentado en el acceso a la educación universitaria en el conurbano bonaerense (…) que se tradujo en el crecimiento de la cantidad de estudiantes de primera generación de universitarios en sus familias”.
