Bases para la destrucción de la ciencia y las universidades
Referentes del sistema científico tecnológico y de las universidades expusieron ante el plenario de comisiones del Senado donde se debate el proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei. Alertaron sobre los artículos que le permitirían al Ejecutivo disolver buena parte de los organismos nacionales de ciencia y tecnología o reestructurarlos al punto de vaciarlos de sentido, amenazando seriamente la supervivencia de la ciencia argentina.
Entre los múltiples impactos negativos que supondría para la mayoría de los argentinos y las argentinas la aprobación de la llamada “Ley Bases”, hay una serie de artículos del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei que amenazan directamente la supervivencia del sistema nacional de ciencia y tecnología.
“Está ampliamente comprobado que el desarrollo económico y social de las naciones modernas está asociado a la implementación de políticas activas de ciencia y tecnología por parte de los Estados. Entendemos que la llamada ‘Ley Bases’, en contraposición a ese camino, posibilitaría volver a convertir a nuestro país en una economía primarizada, ubicándolo en el mercado mundial como un mero exportador de commodities. Asimismo, anularía la generación de políticas de desarrollo y equidad social a partir del desmantelamiento y la destrucción de las empresas públicas, de las herramientas más elementales del Estado y del entramado productivo nacional”, comenzó Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, su exposición ante el plenario de comisiones del Senado que debate la polémica iniciativa presentada por el oficialismo.
En el ominoso escenario para el país que propiciaría una ley como ésta, hay también graves implicancias para todo el sistema de ciencia y tecnología nacional y para las universidades nacionales. Además del artículo 1 del proyecto de ley, que delega en el Presidente funciones que constitucionalmente corresponden al Poder Legislativo, los artículos 3, 5, 6 y 52 ponen en serio riesgo la continuidad lisa y llana del sistema, por lo que es imperioso que, en caso de que el oficialismo logre reunir los votos necesarios para la aprobación en general, sean eliminados del texto normativo.
El artículo 3 de la Ley Bases en sus incisos a y b habilita al Presidente a disolver buena parte de los organismos nacionales de ciencia y tecnología.
Concretamente, el artículo 3 de la Ley Bases en sus incisos a y b habilita al Presidente a disolver buena parte de los organismos nacionales de ciencia y tecnología, entre ellos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que es la herramienta fundamental de financiamiento de la ciencia argentina, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
“Este mismo artículo 3 –señaló Durán ante los integrantes de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales del Senado– permite modificar, eliminar competencias, reorganizar, transformar o transferir a las provincias no sólo estos organismos sino también aquellos organismos que quedaron exceptuados de la disolución, como el CONICET, el ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). Estos dos últimos también pueden ser intervenidos, dado que el artículo 6, que es el que permite intervenciones, ni siquiera los exceptúa”.
El artículo 5, además, permite al Presidente eliminar los fondos fiduciarios, entre ellos, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), que permite impulsar programas y proyectos cuyo objetivo es la producción de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, en ciencia básica y aplicada. Sin esta herramienta fundamental con que cuenta la Agencia I+D+i, aunque no fuera eliminada, quedaría vaciada de hecho en sus funciones.
Por fin, el artículo 52 facultaría al Presidente para poner en situación de disponibilidad por un período de 12 meses a todos los empleados de los organismos de ciencia y tecnología, incluidos los investigadores del CONICET, “que resulten afectados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas” y, pasado ese período, directamente despedirlos.
Basta mirar cualquier país desarrollado para entender que se desarrolló gracias y no en contra de su sistema científico.
Los efectos del desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología nacional impactarían directamente sobre las universidades nacionales, que albergan a la gran mayoría de los institutos del CONICET y nutren sus planteles docentes de los más prestigiosos investigadores. De hecho, la Ley Bases se debate en un contexto sin precedentes para el sistema universitario, con su presupuesto congelado y subejecutado, una brutal caída del salario de docentes y nodocentes, fuertes recortes en becas y un desfinanciamiento general que pone en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre.
En medio de las discusiones cruzadas que genera un proyecto de ley ruinoso para el entramado productivo argentino y para vastos sectores de la sociedad, sobre todo a partir de los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las maniobras de blanqueo que habilitaría la reforma fiscal, está claro que pende una espada de Damocles sobre el sistema científico y tecnológico argentino.
El géologo Guillermo Baudino, director de Industrias Emergentes de la Regional NOA del INTI y otro de los expositores invitados, pidió “encarecidamente a los representantes de las provincias que consideren la misión de este organismo que contribuye al desarrollo de la industria a través de la generación y transferencia de tecnología. Es imprescindible que se mantenga íntegro y federal”.
Con las facultades que otorga este proyecto de ley al Poder Ejecutivo podría desarmarse toda la estructura federal de los organismos de ciencia y técnica.
“Con las facultades que otorga este proyecto de ley al Poder Ejecutivo podría desarmarse toda la estructura federal de los organismos de ciencia y técnica –alertó el físico Alberto Baruj, miembro del Directorio del CONICET y profesor del Instituto Balseiro–. Toda la enorme inversión que hizo el país en construir este sistema en pos del desarrollo de nuestras capacidades se ve directamente amenazado por una norma que, además, está orientada a la reprimarización y extranjerización de nuestros recursos”.
Diego Golombek, investigador del CONICET, puso de manifiesto durante su ponencia la evidencia de que detrás de los avances de la ciencia y la tecnología están los Estados que apuestan por ellas. Y la falacia de que “una vez resueltos los problemas más acuciantes del país, se podrá apoyar a la ciencia. Es al revés: la ciencia es la que puede ayudar a resolver esos problemas. No hay que apoyar ‘a’ la ciencia, sino apoyarse ‘en’ la ciencia”.
“Basta mirar cualquier país desarrollado –siguió Golombek– para entender que se desarrolló gracias y no en contra de su sistema científico. Notamos aquí un desprecio por la actividad científica, un ataque contra el pensamiento crítico, contras las políticas públicas basadas en evidencias que podemos y deseamos proveer desde el sistema. Esta no es una discusión meramente presupuestaria. Se trata de un fenómeno más profundo y preocupante: se está poniendo en discusión el rol de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo”.
“Dejar en manos de este Presidente (y de su fuerza política) el futuro de la ciencia argentina, cuando ya ha dado muestra cabal en palabras y en hechos de su desprecio absoluto por el desarrollo científico y tecnológico soberano, es un riesgo que nuestro país no puede correr –sostuvo Guillermo Durán al cerrar su alocución ante los senadores–. Ni la tierra es plana, ni el calentamiento global es un invento del socialismo mundial. Sin ciencia, sin tecnología, sin universidades públicas de calidad no hay futuro para nuestro país”.