Riesgo presente
Un grupo de científicas y científicos publicaron un documento donde proponen una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse para asegurar una presencialidad cuidada en situación de pandemia. De no verificarse estas condiciones recomiendan no retomar la concurrencia a las escuelas. Además, consideran un error que la asistencia sea obligatoria.
El documento sostiene que «la garantía de derechos educativos debe ser implementada de modo tal que no se vulnere el derecho a la salud de las familias y personal de la comunidad educativa».
El camino hacia el inicio del ciclo lectivo 2021 estuvo empedrado por el debate acerca del retorno de la asistencia a las escuelas. Lo que debió haber sido un mesurado intercambio de ideas tendiente a alcanzar las mejores condiciones para implementar el máximo posible de presencialidad en un contexto de pandemia se convirtió en un enfrentamiento entre diferentes sectores, algunos de los cuales pusieron por delante de todo el objetivo de obtener alguna ventaja político partidaria.
En ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires se ha erigido como el distrito paradigmático. El gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta se ha embanderado con el retorno a la presencialidad y a partir de slogans como “Primero la escuela” o frases publicitarias como “Todos los chicos, todas las escuelas, todos los días”, arrinconó a quienes, como los gremios docentes, vienen poniendo reparos en relación con las falta de condiciones sanitarias necesarias para instrumentar un regreso cuidado.
Frente a este escenario, un grupo de investigadoras e investigadores de diferentes disciplinas y de distintas instituciones científicas escribieron y publicaron un documento, que llamaron “Pronunciamiento Educativo”, en el recomendaron una serie de requisitos mínimos necesarios para habilitar la presencialidad escolar en situación de pandemia.
“Nos parecía que faltaba una voz en el debate público y social porque constantemente se está llevando la discusión a una dicotomía falsa, que es abrir o cerrar las escuelas. Y nosotros creemos que la cosa es mucho más compleja. No hay dudas de que hay que volver a cierto grado de presencialidad, pero la gran pregunta es cómo. En ese sentido, nos pareció crucial resaltar la importancia de evaluar el contexto a la hora del regreso, de evaluar correctamente los riesgos y las medidas que realmente se pueden tomar para disminuir ese riesgo”, explica el doctor en química Rodrigo Quiroga, uno de los firmantes del documento.
El texto comienza subrayando la enorme relevancia de la asistencia a la escuela como parte del proceso pedagógico y reconoce que la educación no presencial ha transferido a las familias cargas adicionales de trabajo de apoyo escolar, pero también señala que “la garantía de derechos educativos debe ser implementada de modo tal que no se vulnere el derecho a la salud de las familias y personal de la comunidad educativa, y sin que introduzca una seria amenaza para el contexto sanitario general”.
En esa línea, los firmantes sostienen que la obligatoriedad de la presencialidad educativa no debería reinstalarse hasta que se haya conseguido una amplia inmunización de la población o una drástica reducción de la circulación del coronavirus.
“Nos parece que, dado que la pandemia todavía no terminó y que, de hecho, todavía podría sobrevenir una segunda ola y complicarse aun más la situación epidemiológica, no es lícito que el Estado, cuando no le puede garantizar el derecho a la salud a las personas, fuerce a las familias a mandar a sus hijes a las escuelas. Nos parece que debe ser una decisión que tiene que quedar en manos de cada familia”, sostiene Sol Minoldo, doctora en Ciencias Sociales y otra de las firmantes del documento. Y argumenta: “Cada familia tiene que tener el derecho a elegir si quiere o no exponerse. Y no exponerse no puede significar exclusión. Cuando planteamos la obligatoriedad terminamos, indirectamente, generando la exclusión de aquelles niñes en edad escolar que no vayan por decisión de sus familias, porque les van a tomar asistencia y van a quedar libres”.
Sobre este punto, Quiroga refuerza: “De ninguna manera esto puede ser obligatorio, es un error enorme. Es ridículo pretender resolver una exclusión generando otra. Además, si se habilita una excepción a la presencialidad para los chicos que presenten un certificado médico propio o de algún conviviente y esos chicos van a tener la continuidad pedagógica a través de la vía virtual, por qué no habilitar esa posibilidad para todos y que la presencialidad sea opcional”.
Sine qua non
El documento señala que la recuperación de la presencialidad educativa requiere diseñar una estrategia que minimice los riesgos de transmisión de COVID19. Con ese fin, establece cinco ejes que deberían ser de cumplimiento mínimo, y propone que cada Ministerio de Educación provincial sea el responsable de reglamentar, garantizar y auditar su cumplimiento.
El primer punto plantea la necesidad de un monitoreo del riesgo epidemiológico a través de un semáforo que establezca condiciones mínimas para la continuidad de la presencialidad y su frecuencia. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, al domingo 14 de febrero, se registraban 397 casos confirmados de COVID-19 cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, cifra que supera la duplicación de los parámetros recomendados por los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de los Estados Unidos y también las recomendaciones del gobierno nacional. ¿Es lógico comenzar la presencialidad con un nivel tan alto de contagios?
“No, para nada -contesta Sol Minoldo-. Justamente, la Ciudad no tiene ninguna intención de poner un criterio o un semáforo claro sobre cómo se va a avanzar de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica. El problema es que en la medida que este tema no se convierta en una demanda social específica, es muy difícil que el Gobierno responda cuando hay una decisión política de abrir a como dé lugar con el discurso de que ahora la prioridad sería la educación”.
El segundo de los aspectos analizados es el relacionado con las medidas a tomar para reducir todo lo posible los riesgos de contagio en las escuelas. Lo que incluye el distanciamiento de los alumnos y alumnas, el uso de tapabocas, la buena ventilación en las aulas y la desinfección adecuada de los ambientes. Dada la infraestructura escolar realmente existente, ¿es posible cumplir con estos requisitos y exigir, al mismo tiempo, que los alumnos y alumnas concurran por lo menos cuatro horas todos los días a la escuela?
“No, la presencialidad todos los días te garantiza que no se va a cumplir el distanciamiento -sostiene Minoldo con firmeza-. Salvo en escuelas muy puntuales, con poquísimos alumnos, no se va a poder cumplir de manera adecuada. Tampoco el control de que los grupos cumplan con las diferentes pautas de higiene, de no contacto, de distanciamiento. Y algo que también nos preocupa en el caso de Ciudad de Buenos Aires, es que directamente el tema de la ventilación no está en la agenda”.
Otro de los puntos más controvertidos tiene que ver con la definición de lo que se considera “burbuja” en el ámbito escolar y si es factible su mantenimiento.
“Leyendo los protocolos de la Ciudad da la sensación de que los docentes no forman parte de la burbuja del aula. Entonces, al no formar parte de la burbuja, pueden ir transitando por distintas burbujas, de distintas aulas, de distintos colegios, como si no hubiera un problema. Y la realidad es que los docentes pueden ser quienes se contagien en un aula y lo transmitan en otra. Esta situación se potencia mucho en el caso de los docentes llamados ‘taxi’ de los colegios secundarios”, se alarma Minoldo.
“No es cierto que estas sean burbujas reales -apunta Quiroga con claridad-. Las burbujas son reales cuando nadie de adentro de esa burbuja tiene contacto con alguien de afuera. Y eso no va a ocurrir, ni en el caso de los alumnos, que se van a seguir juntando con familiares y amigos, ni en el caso de los docentes, muchos de ellos obligados a tener pluriempleo”.
El documento también hace referencia a otros requisitos mínimos relacionados con la correcta implementación de protocolos de vigilancia epidemiológica; una adecuada estrategia para el uso de transporte público, y con la implementación de restricciones sanitarias en otras áreas, que acompañen y contrarresten el impacto de la actividad escolar presencial.
Los idus de marzo
La Ciudad de Buenos Aires y otros tres distritos comenzaron las clases, con distintos modalidades, el 17 de febrero. El resto de las provincias hará lo propio a partir del 1ro. de marzo. Pocas semanas después empezará el otoño, las temperaturas irán descendiendo hasta que lleguen los primeros fríos. Y con el frío aparecerán condiciones más propicias para la transmisión del SARS-CoV-2. En ese nuevo escenario, ¿será sostenible la presencialidad en las escuelas?
“Hay tres factores que nos juegan en contra en estos próximos meses -detalla Quiroga-. Uno es la estacionalidad, empiezan los primeros fríos. Otro, es que tenemos todas las actividades de riesgo, que se desarrollan puertas adentro, habilitadas: bares, restaurantes, gimnasios, iglesias. Todo eso sumado a la disminución de cuidados que venimos viendo: cada vez menos gente usa barbijo, cada vez menos gente respeta la distancia. Entonces, se plantea una situación donde a partir de marzo los casos pueden volver a subir desde un piso muy alto. La verdad, es una situación que, a mi entender, es demasiado riesgosa y nos podría llevar rápidamente a tener que tomar medidas restrictivas fuertes”.
“Puede que las aperturas no sean sostenibles en el tiempo”, vaticina Minoldo y se explaya: “En Europa les llevó cuatro o cinco meses, desde el cambio de estación y el inicio del calendario escolar, llegar hasta el desastre en el que están hoy. En Argentina, con la cantidad de casos actuales, el piso está mucho arriba, o sea que ese desastre está mucho más cerca. Si estas pesimistas predicciones se cumplieran, los propios gobiernos van a tener que dar marcha atrás y cerrar las escuelas, o si no, las propias familias van a tener temor y no van a mandar a los chicos a las aulas. Yo pienso que, en estas condiciones, la decisión no va a ser sostenible y que va a haber un costo sanitario alto”.
