Ajuste en cadena
Una investigación, dada a conocer recientemente, detalla el potente deterioro que las políticas del gobierno de Cambiemos provocaron en el sector nuclear argentino. Drástico ajuste de recursos, precarización de los trabajadores y degradación institucional son algunas de sus consecuencias más graves. El trabajo también sugiere que se han dado pasos para facilitar futuras privatizaciones en el área.
Atucha I y II. Fuente: NA-SA.
Durante varias décadas, el impulso relativamente sostenido que mantuvo el desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos se constituyó en una rara avis para una nación con políticas tan pendulares como la Argentina. Esa persistencia colocó a nuestro país a la cabeza de América Latina en el área y le dio un lugar de consideración global por sus capacidades de investigación y manejo de la tecnología atómica.
Sin embargo, la larga década del 90 marcó un primer tropiezo en esa precaria estabilidad, producto de las políticas de ajuste y drástica reducción del Estado. La llegada al gobierno de Néstor Kirchner marcó un rotundo cambio para el sector con el lanzamiento en 2006 del Plan Nuclear Argentino y la decisión estratégica de concluir la obra de la Central Nuclear Atucha II. Durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner se siguieron sosteniendo estas líneas estratégicas y, al final de su segundo mandato, nuestro país proyectaba, a partir de convenios firmados con República Popular China, la construcción de la Central Nuclear Atucha III y las centrales nucleares IV y V.
La asunción de la administración Cambiemos, muy lejos de lo prometido en campaña, significó un brusco freno al desarrollo nuclear y durante sus primeros tres años de gestión ha ido tomando una serie de medidas que han castigado duramente al sector y que, de no revertirse, comprometen gravemente su futuro.
Un estudio reciente, llevado a cabo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Iniciativa Global para la Seguridad (IGS) presenta un riguroso inventario de las decisiones tomadas por el gobierno actual que fueron degradando la importacia del sector en la administración pública nacional y calcula con precisión el sostenido recorte de recursos que pueden llevar a la paralización del área y a la pérdida de parte de su valioso patrimonio.
De acuerdo con el trabajo, las políticas de demolición se iniciaron en los albores mismos del gobierno macrista. Así, ya en diciembre de 2015, se le quita la autarquía a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la institución clave del sector, para hacerla depender de la Secretaría de Energía. Esta devaluación institucional se profundizó más adelante cuando, en 2018, se redujo el número de ministerios, entre ellos el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. A partir de allí, la CNEA pasó a depender de un funcionario de quinto orden jerárquico, el subsecretario de Energía Nuclear.
Otra decisión clave fue no seguir adelante con la construcción de la cuarta central. Esa central sería de tipo CANDU, una tecnología basada en uranio natural y agua pesada, similar a la central Embalse de Córdoba a la que recientemente se le extendió su vida útil por otros 30 años. En cambio, la quinta central China con la que se resolvió seguir adelante, funciona con uranio enriquecido. Los investigadores sostienen que las centrales del tipo CANDU “ son las más convenientes para nuestro país, entre otros motivos, por ser una tecnología conocida, probada durante décadas y que permite una participación de la industria nacional, principalmente en lo que respecta al uso de agua pesada, suministro de combustible y componentes metalmecánicos complejos”. Y agregan: “Pasar de la tecnología de uranio natural y agua pesada a la de uranio enriquecido implica caer en la dependencia de la provisión de uranio enriquecido, altamente condicionada por las grandes potencias y sus intereses geopolíticos”.
Pero esta determinación, además, tiene otras consecuencias negativas que recaen, particularmente, sobre la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Esa planta, propiedad de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) estuvo detenida por casi 7 años y fue reactivada durante el gobierno de Néstor Kirchner con una inversión cercana a los US$ 1.000 millones. Actualmente, la PIAP tiene capacidad de abastecer con agua pesada cuatro centrales de uranio natural. Sin embargo, su producción está detenida desde 2017 y existen serias dudas sobre eficiencia con la que se está llevando adelante su mantenimiento. “El acuerdo con China genera aún más incertidumbre sobre el futuro de la empresa y los más de 400 profesionales, operarios y técnicos especializados que en ella trabajan”, se preocupan los investigadores.
Números crueles
La otra cara de este conjunto de decisiones perjudiciales para el sector se ve reflejada en el profundo recorte que sufrió su presupuesto, lo que puede expresarse a partir de diferentes indicadores. Por un lado, medidos en dólares, los recursos destinados a la CNEA cayeron de 363 millones de dólares en 2015 a 161 millones en 2019, lo que representa una reducción del 57 por ciento.
Grafico 1. Presupuesto CNEA en dólares. Período 2015/2019. (Click para agrandar)
Otra manera de medir el ajuste es a través de la pérdida de relevancia que tienen los fondos de la CNEA en el marco del Presupuesto General. Desde esta óptica, puede observarse que mientras que en 2015 esos recursos representaban el 0,24 por ciento del total de los gastos, en 2019 habían pasado ser equivalentes a sólo 0,16 por ciento del total. “Esto implica que en los últimos cuatro años se redujo a un tercio la participación del presupuesto de la CNEA en el gasto total del Estado”, señala el trabajo.
Incidencia del Presupuesto CNEA en relación al Presupuesto General. Período 2015/2019. (Click para agrandar)
La acentuada disminución de los recursos dirigidos hacia el sector también se verifica en el deterioro de los salarios de sus trabajadores. En este sentido, el informe registra que entre diciembre de 2015 y mayo de 2019 el poder adquisitivo de los empleados del área sufrió un deterioro de entre un 42 a un 44 por ciento. “La política en relación al personal no se centró en reducir la cantidad de trabajadores, como sucedió en otros organismos, sino en la reducción del salario real a través de la no recomposición mediante paritarias”, señalan.
Evolución de los salarios de CNEA para categorías seleccionadas. (Click para agrandar).
A este deterioro se le suma la falta de capacitación y formación del personal, y una política de retiros voluntarios que provocó la pérdida de valiosos recursos humanos que emigraron tanto a la industria privada como al exterior. “La perdida de profesionales, técnicos y operarios capacitados en la producción, distribución y mantenimiento de energía nuclear genera un gran déficit estratégico para impulsar políticas de desarrollo”, se lamentan los autores.
Por último, los investigadores subrayan una medida tomada por el entonces Ministerio de Energía, que pasó mayormente desapercibida, pero que puede esconder un nuevo perjuicio para el sector. En efecto, mediante el decreto Nº 882/2017 se transfirió el 51 por ciento de las acciones de la empresa pública Dioxitek a la Secretaría de Energía. Dioxitek es la única empresa nacional que produce el polvo de dióxido de uranio que requieren las centrales nucleares y los reactores de investigación en nuestro país. De allí que los investigadores especulan con que “esta decisión, presumiblemente, prepara el terreno para una eventual privatización de dicho paquete accionario”.
