Agua, aire y tierra
El Foro de Recursos Naturales organizó una charla para conocer y debatir las distintas maneras en que, desde Exactas, se realizan aportes para la protección y uso sustentable de los recursos naturales. Con ese objetivo fueron convocados para que cuenten sus experiencias científicos de la Facultad que tuvieron algún tipo de intervención en diferentes casos de fuerte impacto en la opinión pública.
Julieta Bono en la charla “Gestión de recursos naturales. Aportes desde Exactas para su protección y uso sustentable”. Foto: Diana Martinez Llaser
El Foro de Recursos Naturales está integrado por un grupo interdisciplinario de estudiantes, graduados e investigadores de la Facultad que tiene por objetivo aportar información e incentivar el debate acerca de cuál debe ser el rol de la universidad en materia de recursos naturales, con la idea de contribuir a que Exactas aumente su compromiso institucional con esta temática, a la que considera estratégica para el desarrollo nacional.
En esta oportunidad, el Foro convocó a una charla bajo el título “Gestión de recursos naturales. Aportes desde Exactas para su protección y uso sustentable”. Los invitados eran científicos de la Facultad que tuvieron intervenciones destacadas en diferentes casos que generaron enconados conflictos y luchas sociales.
Participaron del encuentro, Julieta Bono, integrante de la Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y miembro del grupo que lleva adelante la implementación de la “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”; Haydeé Pizarro, integrante del equipo de limnólogos que participó en la elaboración de la línea de base y del monitoreo del río Uruguay en la zona de influencia de la pastera Botnia, y José María Cortes, quien fue convocado por la comunidad de Uspallata, Mendoza, para analizar el informe de impacto ambiental presentado por una compañía que impulsa la explotación de una mina a cielo abierto en la zona. A continuación, una apretada síntesis de sus exposiciones.
Cuidar a los nativos
Julieta Bono contó que se recibió de bióloga en la Facultad en 2001 y que a partir de 2002 comenzó a trabajar en la Secretaría de Ambiente de la Nación. En seguida, presentó un mapa de la Argentina en el que aparece el territorio dividido en seis regiones forestales: el Chaco, la selva misionera, la selva tucumano boliviana, el monte, el espinal y los bosques andino patagónicos. Luego de explicar sus principales características y las presiones más graves que sufren debido a las actividades económicas, recordó que recién en 1998 se realizó el primer inventario nacional de bosques nativos. “Un inventario es una herramienta fundamental para la gestión de la temática forestal ya que nos va a permitir, a partir de la realización de monitoreos, evaluar a través del tiempo los cambios producidos por el avance de la frontera agropecuaria y la consiguiente pérdida de bosques nativos”, afirmó.
La funcionaria explicó que el monitoreo de bosques nativos está focalizado, fundamentalmente, en aquellas regiones en las cuales la deforestación tiene gran relevancia, como es el caso de la región chaqueña y los dos tipos de selva. “La tarea se desarrolla a partir de herramientas de teledetección, o sea, del uso de imágenes satelitales y su comparación en el tiempo. Todo en el marco de un sistema de información geográfica”. Del análisis de las imágenes obtenidas en 1998 y 2006 surge que, en estas tres regiones fueron deforestadas, en ese período, aproximadamente 2.250.000 hectáreas.
Llegado este punto, Bono comenzó a describir la llamada Ley de bosques, sancionada en noviembre de 2007 y reglamentada en febrero de 2009. Aclaró que se trata de una norma que contiene presupuestos mínimos, es decir, lineamientos generales comunes para todas las provincias, pero que cada una de las jurisdicciones puede profundizar.
A partir de su promulgación cada provincia debía elaborar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) siguiendo los criterios de sustentabilidad ambiental que figuran en el anexo de ley, para establecer qué actividades se pueden desarrollar en cada zona según la clasificación que se le otorgue. Las jurisdicciones que no hayan realizado este ordenamiento no pueden autorizar desmontes ni recibir recursos del Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la norma.
“¿Cómo estamos hasta ahora?”, se preguntó la bióloga y en seguida contestó, “desde que se sancionó la disposición ya son 16 las provincias que han aprobado por ley su OTBN. Otras, como La Pampa, Santa Fe, Neuquén y Tierra del Fuego, han elaborado su ordenamiento pero aún resta su tratamiento legislativo. Y, por último, algunas provincias recién se encuentran trabajando en el tema como La Rioja, Entre Ríos y Buenos Aires”.
“Este es un tema muy difícil en el cual hay múltiples intereses en juego. Sin embargo, empieza a haber una articulación entre Nación y provincias que no existía con anterioridad. Viéndolo en perspectiva, los avances que se han hecho en los últimos años son grandes en comparación a la situación previa, cuando no se había hecho casi nada”, sostuvo Bono.
La pasta está en el agua
En el comienzo mismo de su exposición, la bióloga Haydeé Pizarro subrayó que iba a hablar en representación del trabajo desarrollado por un muy amplio grupo multidisciplinario de investigadores de la UBA y la Universidad Nacional del La Plata que fueron convocados por la Secretaría de Ambiente para realizar un análisis desde múltiples variables para determinar el impacto ambiental que generaba la instalación de la pastera Botnia sobre el río Uruguay, frente a la ciudad de Gualeguaychú. Este informe fue incorporado en la presentación que realizó la Argentina ante la Corte Internacional de la Haya en septiembre de 2009.
Pizarro destacó que el grupo de limnología, que es la rama de la ecología encargada de estudiar los ecosistemas acuáticos continentales, empezó a trabajar un año antes de la puesta en marcha de la planta, de manera tal que sus investigaciones en la zona sirvieron para establecer la línea de base que se presentó en el juicio.
Luego de detallar una serie de alteraciones en la cantidad y las características tanto del fitoplancton como del zooplancton en el área, desde que comenzara a funcionar la pastera, la investigadora se concentró en un episodio ocurrido el 4 de febrero de 2009 y que tuvo una amplia repercusión en los medios: la aparición en el agua de grandes manchas de color verde y blanco. “Se trataba de una floración algal tóxica con formación de cúmulos. Un evento sin precedentes para el cauce principal del río Uruguay en la zona”, recordó.
Esos cúmulos eran consecuencia de una concentración inusualmente alta de cianobacterias tóxicas capaces de provocar floraciones, las cuales a partir de un determinado número significan un riesgo para la salud humana. “De acuerdo con nuestras mediciones teníamos 18 millones de células por mililitro, lo que excede el nivel de alerta 3 establecido por la OMS que implica la prohibición del consumo y de bañarse en esas aguas”.
Al mismo tiempo, diferentes análisis mostraron que el material que se encontraba formando flóculos en la superficie del agua en la zona de la mancha era pasta de madera que podía provenir de Botnia. “El cúmulo pudo haber sido, entonces, el resultado de una alta carga de nutrientes proveniente de la pastera sumado a que el río se estaba comportando como un verdadero ‘lago’ en ese momento”, conjeturó Pizarro.
La investigadora consideró que la instalación de la pastera en esa zona causará daños acumulativos y progresivos. “Ese tramo del río es vulnerable porque ante incrementos de nutrientes y estabilidad prolongada de la columna de agua se van a generar floraciones continuas y, además, esas cianotoxinas y contaminantes se pueden bioacumular en los organismos y biomagnificar en las tramas tróficas”, sostuvo.
Finalmente alertó acerca de la necesidad de prolongar el monitoreo. “Se debe hacer de manera conjunta y multidisciplinaria para permitir controlar la calidad ecológica no sólo del río sino también de toda su cuenca”, completó.
Informe impactante
El geólogo José María Cortes anticipó que iba a contar su experiencia en la evaluación de un informe de impacto ambiental realizado por una empresa interesada en llevar adelante el emprendimiento minero San Jorge en la zona del valle de Uspallata, en la provincia de Mendoza. Aclaró que su participación en este caso se dio a pedido de pobladores de la zona, preocupados por las consecuencias que podía acarrear la iniciativa.
El proyecto consiste en un yacimiento de cobre y oro diseminado, por lo cual, es necesaria una explotación a cielo abierto para extraer grandes cantidades de material por voladuras. Ese material debe ser procesado para obtener el producto final. “Durante este proceso se le agregan una serie de aditivos químicos muy peligrosas para la salud y el ambiente, como el xantato y la acrilamida”, detalló.
Con el objetivo de que la provincia apruebe el emprendimiento, la empresa presentó en 2008 un informe de impacto ambiental que fue elaborado por la consultora Vector S.A. Ese trabajo fue analizado en las distintas instancias previstas por la ley, por una serie de instituciones como la UTN Regional Mendoza, la Universidad Nacional del Cuyo, el CRICYT (Conicet), el Departamento de Irrigación, el Consejo Provincial del Ambiente, y hasta por el Complejo Astronómico El Leoncito. “Prácticamente en todos los casos se encontraron en el informe contradicciones, incongruencias, tergiversaciones e insuficiencia de datos”, se indigna Cortes.
Para ilustrar este tipo de problemas, el investigador expuso un ejemplo. De acuerdo con el análisis de la minera, el agua superficial de la zona no es apta para consumo humano, ni para vida acuática, ni para irrigación, ni como bebida para el ganado. “Sin embargo el Consejo Provincial del Ambiente sostiene que esas aguas son adecuadas para la vida acuática, el riego y el ganado. De hecho son hábitat de truchas y otros organismos que constituyen excelentes bioindicadores de su calidad. Incluso, desde el punto de vista físico químico, constituye una fuente de agua potable de excelente calidad previo tratamiento”.
En tren de sumar ejemplos de irregularidades, Cortes relató que la empresa estaba muy interesada en demostrar que el emprendimiento se encontraba enteramente comprendido en la cuenca cerrada de Yalguaraz y que no tenía ningún punto de contacto con las aguas de la cuenca de Uspallata. “Como eso no es así, pudimos comprobar cómo a lo largo del propio informe, en los sucesivos mapas presentados, fueron agrandando la cuenca de Yalguaraz hasta que abarcara a la totalidad del proyecto”, se escandaliza Cortes.
Luego de realizar la audiencia pública en la que el 77% de los oradores se manifestaron en contra de la iniciativa, se reunió una comisión de evaluación interdisplinaria para decidir si aceptaba o no el informe de la empresa. A pesar de todas las objeciones, la comisión aprobó el trabajo aun cuando señala que el informe presenta graves deficiencias, a tal extremo que en más de 110 puntos le pide la realización de nuevos estudios, planes de monitoreo y ampliación de la línea de base.
Actualmente el proyecto se está discutiendo en la Legislatura provincial y también hay dos causas penales iniciadas ante la Justicia. “Este es considerado un caso clave porque hay una larga fila de proyectos mineros que están esperando una resolución positiva para poder presentarse en Mendoza”.
