Libertad, divino tesoro
Diversos proyectos de ley en Estados Unidos amenazan con restringir severamente la libre circulación del conocimiento en la web. La prisión contra el dueño de Megaupload, mostró que la intimidación va más allá de las palabras. Qué peligros se esconden detrás de las simpáticas siglas SOPA y PIPA y cómo las corporaciones y los gobiernos pretenden dominar los contenidos de la red.
La página de Megaupload bloqueda por el FBI. Foto: Juan Pablo Vittori
Entrevista a Beatriz Busaniche
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El 18 de enero de este año millones de personas que quisieron ingresar a los portales de Wikipedia, Cuevana y WordPress, se encontraron con una pantalla negra que decía “Internet debe seguir siendo libre”. La medida de protesta, llamada “el apagón”, a la que adhirieron con distintas modalidades sitios como Google, Fundación Mozilla (creadores del Firefox), Greenpeace y muchos más, tuvo por objetivo expresar el rechazo contra los proyectos de ley conocidos como SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) presentados ante el Congreso de los Estados Unidos.
Esas iniciativas, junto con el cierre de Library.nu (una biblioteca que reunía 400 mil textos académicos a los que se podía acceder gratuitamente), de Megaupload (un sitio de alojamiento y descarga de todo tipo de archivos) y la persecución contra el dueño de este portal, mostraron que las megacorporaciones cinematográficas, discográficas y editoriales, en coordinación con muchos gobiernos, están dispuestas a recurrir a cualquier tipo de maniobras para acabar con la libertad y la apertura que constituyen la esencia con la que fue creada la red. El único objetivo de estas compañías, que se escudan detrás de una supuesta defensa de los artistas, es mantener, a cualquier precio, un modelo de negocios perimido.
En esta entrevista, Beatriz Busaniche, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, integrante de la Fundación Vía Libre y directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, desbarata uno a uno los argumentos de la industria y advierte que, de prosperar este tipo de iniciativas, la Internet que conocemos dejará de existir.
– ¿Se ha desatado una gran ofensiva contra la libertad de la web?
– Hay una ofensiva pero no es nueva. Yo creo que el gran diferencial que hubo este verano es el impacto público y mediático que logró el tema. Eso se debió, por un lado, al nivel de la agresividad inédito que contienen los proyectos SOPA y PIPA en defensa, supuestamente, de la propiedad intelectual. La otra razón es la cantidad de usuarios que se verían afectados si este tipo de leyes prosperaran. Además, de ser unas pocas organizaciones de activistas las que nos enfrentábamos a esto, repentinamente se sumaron otros actores que no vienen de la militancia online, como Reporteros sin Fronteras y Greenpeace, entre otras.
-¿Por qué una legislación o una acción judicial en EEUU tiene repercusiones en todo el mundo?
– Cuando hablamos de SOPA y PIPA estamos hablando de leyes que podrían cambiar de plano la forma en la cual funciona Internet. Hay que tener en cuenta que buena parte de la infraestructura de Internet está radicada en EEUU. Por lo tanto, quedaría bajo la jurisdicción de este tipo de leyes. Pero, además, estos proyectos disponen que Google te elimine de sus búsquedas si vos sos denunciado como infractor. Google es una empresa radicada en EEUU, sujeta al marco normativo de ese país. Entonces, si Google empieza a filtrar la información de acuerdo a lo que EEUU considera qué es lo que se debe ver y qué no, afecta directamente al resto del mundo. Otra de las medidas que estas iniciativas proponen es el bloqueo financiero, que funcionaría así: yo te denuncio a vos como infractor y entonces surge administrativamente una orden a las tarjetas de crédito para que bloqueen tus cuentas y no te permitan operar. ¿Dónde tienen su sede estas empresas? En EEUU. A Wikileaks le incautaron el nombre de su dominio, que estaba bajo la administración de Amazon ¿Dónde está Amazon operando? En EEUU. Los servidores de Wikipedia en español, están en EEUU. Ni hablar de las redes sociales como Twitter y Facebook.
– Los proyectos SOPA y PIPA ¿consagran por ley que este tipo de acciones se decidan sin intervención del Poder Judicial?
– Sí, exactamente. Disponen que en 5 días se deben dar de baja los sitios denunciados, se deben bloquear las cuentas, incautar los DNS, desaparecer de las búsquedas, eliminar los enlaces, o sea, borrarte de Internet por vía administrativa.
Beatriz Busaniche. Foto: D. Martinez Llaser
– De aprobarse este tipo de legislación ¿Wikipedia podría seguir existiendo tal como la conocemos?
– No, Wikipedia se vería gravemente afectado. Esto ocurriría con cualquier sitio que dependa de la participación de la gente. Porque en Wikipedia todo el tiempo hay gente subiendo cosas. No hay forma, ni técnica ni humanamente posible, de controlar lo que la gente sube para que no haya un solo link a un sitio infractor… Además, linkear no es delito. No está tipificado en el código penal de ningún país. Un link hacia otro sitio no te convierte en partícipe necesario del delito que eventualmente esté cometiendo el otro sitio. De aprobarse estos proyectos, la web, tal como la conocemos, dejaría de existir para beneplácito de los poderosos del mundo.
– Las grandes corporaciones productoras de bienes culturales aseguran que Internet provocará el fin de la música, del cine, de los libros ¿Esto es así?
– Diez años atrás, cuando tuvo lugar el juicio contra Napster, ya escuchamos las lágrimas de la industria discográfica. ¿Adónde está la industria discográfica ahora? Vivita, coleando y haciendo daño. ¿Adónde está la industria cinematográfica? Fíjense que 2011, el año en que Cuevana se convirtió en un fenómeno de uso masivo, también fue récord de venta de entradas a cines. Ese argumento es una falacia. De hecho, la masificación de este tipo de formas de acceso a la cultura facilita que surjan nuevas bandas que usan Internet para difundirse y saltar el control de las discográficas que les han chupado la sangre históricamente.
– ¿Vos insinuás que la industria no defiende a los artistas?
– (risas) Sí, yo digo eso. Y creo que es un grave error de muchos artistas alinearse con la industria pensando que el enemigo es el ciudadano consumidor. Si los artistas empezaran a ver que pueden aliarse con sus fans, con la gente común, tendrían otra capacidad para ir a pelear con la industria.
– Las corporaciones sostienen que su lucha es contra la piratería ¿Podrías aclarar a qué hace referencia este concepto?
– El primero que usó el término piratería, más allá del ataque a barcos, fue Emilio Salgari. En su carta de despedida, antes de suicidarse, dejó en claro quiénes eran los verdaderos piratas que lo habían hecho morir en la miseria: sus propios editores. En cambio, en los últimos 40 años, se articuló una campaña de marketing muy fuerte para extender el concepto de piratería, entendido como el robo de la propiedad intelectual, a casi todo lo que uno hace. Uno puede decir que, tal vez, pueda considerarse piratería, una red de personas dedicadas a hacer copias masivas ilegales para su comercialización. De lo que estoy segura es de que no acepto semejante insulto para el ciudadano común que baja música de Internet.
-¿Se podría llegar a establecer que lo que se vende no es un libro sino la licencia para leerlo una sola vez y que si quiero volver a leerlo debería volver a pagar?
– El gran cambio es que se está separando el acceso a la obra del soporte material. Yo antes, al comprar un libro, estaba comprando un fajo de papeles y la obra venía impresa en ese fajo de papeles. El hecho de que un libro de Ari Paluch y uno de Borges cuesten más o menos lo mismo, indica claramente que la industria vive de vender fajos de papeles. Ahora, cuando la obra se separa del soporte papel no sólo surge la potencialidad de que circule como nunca antes sino que también surge la otra potencialidad, contraria a esa, que es la posibilidad de controlar el uso de la obra como nunca antes. Yo antes compraba un libro, lo tenía en casa, podía prestarlo, donarlo a una biblioteca, ir a una librería y revenderlo. Cuando lo que compro es electrónico, el mero acto de prestártelo es una copia. Por eso se desarrollan todo tipo de barreras de control de la lectura, basadas en sistemas de gestión digital de restricciones (DRM) para mantener un modelo de negocios tratando de asimilar la obra a un objeto que pueda ser excluyente. En España, en 1992, se aprobó una directiva por la cual quedó prohibido el préstamo gratuito de libros en bibliotecas públicas y cualquier otro lugar. Como la medida era tan violenta ese costo lo asumió el Estado español ¡¿Adónde se vio que el Estado debe compensar a un autor porque alguien prestó un libro en la biblioteca?! Es lo mismo que pensar qué pérdida tiene un músico porque vos te copiaste el CD que compraste a un MP3 para escucharlo mientras andás en bici. Estamos en un punto en el cual la industria quiere que se pague por todas y cada una de las veces que se accede a una obra. Y si vos no te atenés a eso pasás a ser un pirata, te van cortar de Internet, te van a bloquear tus medios de pago. Hay todo un sistema amenazante de restricciones.
– ¿Cómo ves lo que se viene?
– Viene bravo porque hay poderes muy concentrados, con mucha capacidad de lobby, operando en frentes a los cuales nosotros no llegamos. Yo soy optimista porque hay gente muy creativa trabajando en diseñar una Internet más segura en términos de libertad, anonimato y demás. El tema es hasta qué punto van a dejar que estas personas, que son brillantes, sigan en libertad y no estén presos, perseguidos o censurados. Hay una pelea fuerte ahí afuera. Y es muy fea.
UBA paga
– ¿En Argentina existen este tipo de restricciones?
– Algo que pasó desapercibido en Argentina fue el canon por fotocopia que está cobrando el CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos) a la UBA. CADRA, que es una asociación civil que nuclea a algunos autores y editoriales, fue a apretar a la UBA diciendo que si no les pagaban a ellos un canon por las fotocopias que sacan los estudiantes le iban a mandar la justicia penal. En EEUU vos podés fotocopiar un libro para trabajar en un aula, está contemplado dentro de las cláusulas referidas al uso justo de una obra. Acá no, es un delito penal. Ahora bien, no conozco un solo universitario que haya colgado su título sin haber sacado fotocopias. Pero lo cierto es que el CADRA le saca a la UBA cientos de miles de pesos por año, porque estamos hablando de un canon fijo por alumno. ¿Por qué la UBA lo permite? Primero porque hay gente de la UBA que está de los dos lados del mostrador, entonces le conviene. Y segundo, porque no hay conciencia de que la propiedad intelectual es una construcción social, y que, como tal, se puede reconstruir y se puede crear otra ley. La UBA tendría que haber planteado la necesidad de modificar la ley de propiedad intelectual para incorporar una amplia variedad de excepciones educativas que permitan que los estudiantes accedan a esos materiales en condiciones de legalidad y bajo costo. La UBA tiene que levantar la bandera del debate.
