El precio del conocimiento

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La ciencia es una actividad comunicativa, es decir, los resultados y las conclusiones alcanzadas no son válidos hasta que no estén publicados en una revista especializada. Esta práctica se inició en 1665, cuando Henri Oldenburg –entonces secretario de la Royal Society de Londres–, comenzó a editar las Philosophical Transactions, que aún se publican en la actualidad.

Con el tiempo, las publicaciones periódicas se multiplicaron, y hoy la edición de revistas científicas constituye un fabuloso negocio en manos de dos o tres grupos económicos concentrados, como por ejemplo Elsevier, que edita unos dos mil journals de diversas disciplinas, entre los que se encuentra la reconocida Cell. “Hay tres editoriales que tienen el 60% de la producción científica del mundo, y logran ganancias extraordinarias. Son los únicos editores que no pagan por los contenidos, ni tampoco pagan a los revisores”, comenta la licenciada Ana Sanllorenti, directora de la Biblioteca Central de Exactas-UBA.

El gran negocio de las editoriales son las suscripciones, cuyo costo aumenta año tras año. Esas sumas son abonadas por las instituciones científicas, que en América Latina están financiadas por los estados nacionales, y muchas veces se ven imposibilitadas de pagar las altas sumas exigidas.

Alcanzar la cumbre

Pero todos los científicos aspiran a publicar en esas revistas que cuentan con un “numerito”, el factor de impacto, indicador de cuánto son citadas. Para el sistema científico, ese valor señala, también, la supuesta calidad del contenido. Pero, al igual que el rating en la televisión, ese factor, más que garantizar la calidad, aporta rédito económico, porque incide en el costo de la suscripción y de la publicidad que muchas de esas revistas incluyen.

Así, los científicos se encuentran ante una paradoja: su máximo deseo es publicar en las revistas más prestigiosas para lograr visibilidad y prestigio, pero esos artículos solo podrán ser leídos por quienes estén en condiciones de abonar la suscripción.

El francés Jean-Claude Guédon, profesor de historia de la ciencia en la Universidad de Montreal, señala en su libro La sombra de Oldenburg, que “los investigadores, como autores son Dr. Jekyll, y como lectores se convierten en Mr. Hyde”. Como autores, los científicos están atentos a su visibilidad y prestigio, y se desentienden del costo de acceder a su propio artículo publicado. Pero, cuando son lectores, se comportan como Mr. Hyde, y protestan por tener que pagar altas suscripciones para acceder a revistas científicas. “Las revistas científicas, lejos de tener como objetivo primario diseminar el conocimiento, buscan reforzar los derechos de propiedad sobre las ideas”, señala Guedón.

La solución a estos problemas es brindar una manera gratuita y abierta de acceder a la literatura científica a través de Internet, es lo que se conoce como “acceso abierto”. Se trata de un movimiento que surgió a fines del siglo XX por iniciativa de grupos de investigadores y de instituciones científicas.

En efecto, a partir de la década de 1990, surgieron organismos dedicados a compilar información científica en revistas electrónicas, como la biblioteca digital SciELO (Scientific Electronic Library Online) que nace por iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo (Brasil), y permite la publicación electrónica de ediciones completas de revistas científicas de diversas disciplinas.

El movimiento toma fuerza en diciembre de 2001 con la declaración de Budapest, y se consolida con la de Bethesda en junio de 2003, y la de Berlín en octubre de ese mismo año. En estas declaraciones se define al acceso abierto como el uso de información de todas las disciplinas científicas y académicas sin costo alguno, y con la condición de que los autores sean reconocidos y citados correctamente; además, los trabajos a publicar deben someterse a revisión por un comité editorial. El acceso abierto tiene dos vías: la verde y la dorada. La dorada se refiere a revistas de acceso abierto, como PLOS One, pero éstas cobran a los autores un arancel de 1000 a 3000 dólares. La vía verde es la creación de repositorios en las instituciones científicas.

En la Argentina, una ley aprobada a fines de 2013 por el Congreso Nacional establece que todas las instituciones del sistema científico que reciban financiación del Estado Nacional, deben crear repositorios digitales de acceso abierto y gratuito en los que se dispondrá su producción científico tecnológica. Este material comprende artículos científicos (papers) y tesis doctorales, entre otros, que sean el resultado de actividades de investigación financiadas con fondos públicos. Cabe destacar que en 2010, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación creó el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), que orienta, elabora guías y normas y ofrece financiación para las instituciones que quieran crear o mejorar sus repositorios.

Tesis para todos

En su artículo 5, la nueva ley dispone que los investigadores deberán depositar, o autorizar el depósito, de “una copia de la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los seis meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación”. Por su parte, los datos primarios de investigación deberán depositarse en un plazo no mayor a cinco años desde el momento de su recolección.

En la Biblioteca de la Facultad de Exactas-UBA, más de mil tesis doctorales ya tienen libre acceso. “Hemos empezado por la producción de la Facultad que está fuera del circuito de la publicación, como es el caso de las tesis”, afirma la directora de la Biblioteca. “Nuestra preocupación ahora es ver cómo vamos a cumplir la ley”, subraya.

Lo cierto es que el hecho de colocar en el repositorio de la universidad aquello que los investigadores producen puede entrar en colisión con los derechos que se arroga el editor para la publicación.

“Algunas revistas de las grandes editoriales, como Elsevier, imponen restricciones a los investigadores para liberar los artículos en el caso de que la institución a la que pertenecen los obligue a depositar sus artículos en un repositorio”, relata Sanllorenti.

Cada editorial y cada revista dentro de la editorial tienen sus políticas. Algunas editoriales permiten, después de un plazo de embargo, colocar el trabajo en un repositorio pero, en general, casi ninguna permite depositar el paper tal como fue editado por la revista, sino que admiten publicar lo que se denomina preprint o postprint. La primera es la versión enviada por los autores para ser evaluada. El postprint es la versión de ese trabajo luego de que se realizaron las modificaciones pedidas por los árbitros, pero sin el diseño final.

“Esperamos poder recibir tanto el preprint como el postprint”, recalca Sanllorenti. A partir de la nueva ley, los investigadores que pidan financiación en los organismos públicos tendrán que colocar sus trabajos en el repositorio, si no, tendrán dificultades para el otorgamiento de subsidios.

Lo cierto es que el repositorio institucional puede ofrecer muchas ventajas al investigador. La directora de la Biblioteca de Exactas subraya: “Un paper al que se accede en forma gratuita es más leído, por lo tanto, aumenta la posibilidad de ser citado”. El acervo digital de Exactas forma parte del sistema nacional de repositorios digitales del Mincyt, que a su vez está conectado con redes internacionales, como LaReferencia. Esta es la Red Federada de Repositorios de Ciencia y Tecnología Latinoamericanos, conformada por Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, El Salvador, Ecuador y Venezuela.

Los autores

Para publicar en ellas, las revistas exigen una cesión de derechos, que suele ser exclusiva. “Se puede aconsejar a los investigadores que no publiquen en esas revistas, pero, a la hora de ser evaluados, se van a encontrar en problemas. Mientras no se cambie la forma de evaluar a los científicos, la circulación libre de los conocimientos que producen va a tener muchos obstáculos”, señala Sanllorenti.

Pero ¿qué opinan los investigadores? “Las editoriales se han apropiado del conocimiento científico financiado por los estados nacionales, y resulta injusto que la institución que sostuvo la investigación no tenga derechos”, declara la doctora Nora Ceballos, investigadora en el Departamento de Química Biológica de Exactas-UBA. Y subraya: “Pero la negociación con las editoriales tiene que ser efectuada a nivel institucional, por el Ministerio de Ciencia. Los investigadores no pueden arriesgarse a que les hagan un juicio”.

La obligación de colocar el trabajo en un repositorio podría generar resistencia en algunos investigadores, porque se suma a las múltiples tareas que ya tienen. “Es necesario crear conciencia de que tenemos una deuda con la institución pública y con la sociedad que sostuvo nuestra carrera”, recalca Ceballos.

Alberto Kornblihtt, profesor e investigador en el Departamento de Fisiología y Biología Molecular y Celular de Exactas-UBA, y que publica en revistas de muy alto impacto –como Science y Cell, entre otras–, señala: “Haya o no repositorio, siempre mando una copia de mis artículos publicados a quien me los pide y no me preocupo mucho si eso está permitido o no”. Además señala: “El Instituto de Salud (NIH) y el Howard Hughes (HHMI) en Estados Unidos, el Wellcome Trust, en el Reino Unido, y Max Planck, en Alemania, entre otros, han firmado acuerdos con las editoriales para poder dar acceso abierto a los artículos de sus investigadores”. Para Kornblihtt, esos acuerdos deberían realizarse también en la Argentina.

Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET y profesor en Exactas-UBA, y uno de cuyos últimos trabajos fue tapa en Cell, opina: “Una vez publicado el trabajo de investigación, lo ideal es que sea accesible a todo el mundo sin ninguna distinción. Porque la ciencia es del mundo y le pertenece. Sobre todo en mi área –la biomedicina–, es importante que los resultados estén disponibles en forma inmediata a toda la población sin distinciones económicas ni sociales para que los sectores y regiones más vulnerables se vean beneficiados”.

Para Javier López de Casenave, investigador del CONICET en el departamento de Ecología Genética y Evolución de Exactas-UBA, es “importante que las investigaciones que financia el Estado tengan acceso abierto”.

Por su parte, Roberto Fernández Prini, profesor emérito de Exactas-UBA, considera que “un repositorio con los papers de los investigadores es valioso”, y agrega: “Pero también hay que distinguir la biblia del calefón: hay gente que publica en revistas que no tienen ningún valor, y esos trabajos no se pueden considerar iguales a los de revistas más prestigiosas”.

Al respecto, Casenave destaca que en el repositorio tendría que estar toda la producción científica, sin distinción. Además, no todas las áreas de investigación tienen asociadas revistas de alto impacto, por ejemplo, la ecología. “Con mi grupo –destaca Casenave– publicamos en revistas internacionales, pero cada tanto enviamos artículos a una nacional o regional porque nos interesa que la comunidad local acceda a ello. Entonces, en la institución va a haber una gama muy amplia de revistas”.

Pablo Jacovkis, profesor emérito y ex decano de Exactas-UBA, en un reciente artículo publicado en el blog CTS, afirma que, si bien los precios de las suscripciones de las grandes editoriales son leoninos, existe el paliativo de la publicación en revistas de acceso libre, o de los repositorios como arXiv. “Aunque la publicación en los repositorios no tenga evaluación previa, los errores se descubren rápido, y el boca a boca puede indicar la importancia de un trabajo”, destaca.

Respecto del anuncio de Randy Schekman, Jacovkis recuerda que ese investigador se manifestó en contra de las revistas de alto impacto solo después de haber obtenido el Nobel. Y destaca: “No parece probable que los científicos jóvenes en ascenso sigan su ejemplo. Sin ir más lejos, ¿alguien puede pensar que el enorme impacto, nacional e internacional, obtenido hace unos días por Gabriel Rabinovich y sus colaboradores –con su trabajo que fue tapa de Cell–, se habría producido tan rápido si hubiera elegido para publicar una revista de acceso libre?”

Lo cierto es que ahora tenemos una ley, y ya se está trabajando en su implementación para determinar los detalles de su aplicación. Al respecto, Ana Sanllorenti recalca: “La ley demuestra la preocupación del Estado, que financia la investigación, por enfrentar la situación de transferencia gratuita de recursos hacia las editoriales, y dar mayor visibilidad a lo que producen las investigaciones en el país”.

Mientras las editoriales lucran con la necesidad de todo investigador de publicar y de leer lo que han producido sus colegas, los repositorios institucionales constituyen una buena alternativa para que el conocimiento sea accesible a todos. En tal sentido, un repositorio en la universidad es un acto ideológico, y una fuerte afirmación de política científica.

 

Revistas con rating

En la década de 1940, frente a la gran explosión de publicaciones científicas, se pensó en la cita como un indicador de éxito; una forma que parecía “objetiva” para evaluar el impacto de una publicación. La idea surgió de una empresa en Estados Unidos, que se llamó Instituto de Información Científica (ISI, por su sigla en inglés). El segundo paso fue aplicar lo que se llamó ley de Bradford, que indica que, para una especialidad o para un investigador, la mayor concentración de información que le es útil está en diez revistas. De esas diez revistas, un investigador puede extraer 20 papers que le interesan. Pero, para encontrar los 20 papers adicionales que le interesan, tendría que revisar el doble de esas revistas, y así sucesivamente.

La conclusión fue que hay un núcleo de revistas que es significativo, el resto puede no leerse.

 

Factor de impacto

En la década de 1960, el estado­unidense Eugene Garfield, del Instituto para la Información Científica (ISI, por sus siglas en inglés) desarrolló un índice que da cuenta de cómo se propaga el conocimiento científico, pues permite identificar a los científicos que son más citados por sus colegas. Ese valor se calcula dividiendo el número de citas que reciba una revista durante un año, de los artículos publicados en los dos años previos, por el número total de artículos publicados en esos mismos años. Así, el impacto en 2012 de una revista es el número de citas que recibió durante ese año de los artículos publicados en 2010 y 2011.

 

Contra las editoriales

En 2012, Timothy Gowers, un reconocido matemático de la Universidad de Cambridge, convocó a la comunidad científica a no publicar artículos ni ofrecer arbitraje a la editorial Elsevier. Además de los precios abusivos, Gowers denunciaba la modalidad de vender las revistas por paquetes, lo que obliga a las instituciones a comprar material que no es de su interés. Asimismo, el 9 de diciembre de 2013 –antes de recibir el Nobel en Fisiología y Medicina–, el estadounidense Randy Schekman anunciaba, en The Guardian, que a partir de ese momento no enviaría trabajos a Nature, Science y Cell, porque esas revistas ejercen una “tiranía” sobre las prioridades y el funcionamiento de la ciencia.

 

Repositorios

Uno de los primeros repositorios fue arXiv, creado en 1991 para contener preprints de física y luego se extendió a otras disciplinas como Matemática, Astronomía, Computación, Biología cuantitativa, Estadística y Finanzas. En 2012 llegó a recibir unos 7000 artículos por mes.

Actualmente, el Directorio de Repositorios de Acceso Abierto (DOAR, por su sigla en inglés), creado y mantenido por la Universidad de Nottingham (Reino Unido), registra un total de 2640 repositorios de acceso abierto en todo el mundo. El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ), el más amplio que hay en Internet, da cuenta de un total de 9707 revistas.