Unidos contra el ajuste
Convocados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), Daniel Filmus, Roberto Salvarezza y Lino Barañao discutieron estrategias a seguir ante la dramática coyuntura que vive el sistema científico, asediado por el gobierno de Milei. La posibilidad de judicializar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, que sigue vigente.
En su Primera Jornada de Trabajo Presencial, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) convocó a los tres exministros de Ciencia y Tecnología que tuvo la Argentina para analizar la situación actual del sistema y proponer acciones viables frente al feroz ataque que sufre el área de parte del gobierno de Javier Milei.
El simposio, titulado “Presente y futuro del sistema científico y tecnológico en la Argentina”, reunió a los exfuncionarios Daniel Filmus, Roberto Salvarezza y Lino Barañao. Se trató de la primera actividad de RAICYT, la red que congrega a directores y directoras de institutos del CONICET y de otras instituciones de ciencia y técnica, que cuenta con unos trescientos miembros y cuyo objetivo inmediato es dar rápida respuesta a una situación que pone en riesgo la continuidad del sistema científico argentino.
También fue invitado a participar del encuentro –organizado en el Centro de Convenciones de la Universidad Nacional de La Plata– el actual secretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, quien se excusó por no poder participar.
“Esta crisis es, que yo recuerde, la peor que ha sufrido la ciencia argentina –comenzó Barañao, hoy vicerrector de la Universidad Maimónides y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, desde 2007, cuando la gestión de Cristina Fernández de Kirchner creó la cartera científica, hasta 2018, en la presidencia de Mauricio Macri–. Por dos motivos: primero, por el ahogo presupuestario, el más estricto que se ha visto; y segundo, porque se está produciendo un daño estructural a todo el andamiaje del sistema de ciencia y tecnología. Esto es grave porque una estructura así, una vez desarmada, termodinámicamente hablando, no se restaura fácilmente”.
Roberto Salvarezza, ministro del área entre 2019 y 2021 y hoy presidente del Directorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, inició su exposición repasando la situación presupuestaria de la ciencia y la tecnología: “El presupuesto vigente, prorrogado, es de 325.000 millones de pesos, el equivalente al cambio oficial de diciembre de 2023 a unos 1.000 millones de dólares. Hoy, la devaluación lo redujo a 390 millones de dólares, con áreas como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de cuyo presupuesto solo se ha ejecutado el 0,2 %, o la Agencia, solamente el 7%. Es decir, estrangulan, pisan la caja de los dos agentes de financiamiento de nuestro sistema. Por otro lado, el CONICET lleva ejecutado rápidamente el 32% de su presupuesto en salarios y becas licuados, con aumentos paritarios por debajo de la inflación”.
En paralelo con el desfinanciamiento, Salvarezza procuró dimensionar el drama de los que están perdiendo su trabajo: a los 50 despidos iniciales de administrativos del CONICET y a los 700 becarios “que no van a ser”, se suman los 70 despidos en el área de comunicación del ex Ministerio de Ciencia y la amenaza latente sobre centenares de trabajadores y trabajadoras de institutos y organismos cuyos contratos finalizan el 31 de marzo.
“La historia del desarrollo científico tecnológico en la Argentina ha sido siempre una historia pendular, desde la Noche de los Bastones Largos en adelante –comenzó Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Tecnología entre 2021 y 2023, quien participó en forma virtual y se disculpó por no haber podido asistir al encuentro en La Plata–. Nunca se pudo tener un periodo largo y sostenido de crecimiento y desarrollo. Fue Alfonsín quien recuperó el CONICET y la Secretaría de Ciencia y Técnica, con Sadosky, después en los 90 nos mandaron a lavar los platos, hubo una recuperación entre el 2003 y el 2015, y después, otra vez, caída del presupuesto, de los salarios del CONICET, de la cantidad de ingresos a la carrera de investigador. Hoy, sin un modelo de país que apueste al desarrollo industrial y a agregar valor a partir del trabajo de su gente y de la innovación de sus científicos, es muy difícil imaginar que haya una decisión de invertir en ciencia”.
“Pero esto es algo totalmente distinto –siguió Filmus–. Este anarcocapitalismo que hoy gobierna plantea dogmáticamente que el Estado no tiene que hacerse cargo de la educación. De hecho, lo planteó la Ley Ómnibus: que los chicos a partir de 9 años puedan quedarse estudiando en sus casas. Entonces, estamos discutiendo con los que cuestionan la Ley 1420, obra de los verdaderos liberales de la Argentina. Lo mismo ocurre con la ciencia. Los teóricos de la escuela austríaca dicen que el Estado no debe invertir en ciencia, cuando no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin ciencia y tecnología y sin universidades. O sea, no estamos discutiendo con alguien que busca hacer un ajuste porque quiere esos recursos, porque al déficit cero poco le hacen la ciencia y la tecnología. Conceptualmente, lo que quieren es destruir la capacidad del Estado de intervenir en ciencia y tecnología.”
“Me consta que Milei quería cerrar el CONICET –confió Barañao–. Daniel Salamone (hoy presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), a quien conozco hace muchos años y con quien trabajé, le dijo que no, que era una barbaridad. Y Milei le dijo: ‘Bueno, hacete cargo vos’. En contra de mi consejo, Salamone aceptó. Está haciendo lo que puede, no sabe hasta cuándo, porque está empezando a pagar un costo a nivel personal. A Cosentino me lo presentaron, tuve varias charlas con él para explicarle la importancia del sistema de ciencia y tecnología, pero no tiene idea, tiene una mirada fundamentalista, básica. Entonces, desistí de convencerlo y corté el vínculo. Sé que le hicieron ver a Cosentino que no podía rechazar los créditos del BID, de la CAF y otros organismos internacionales, pero no entiendo por qué no se ejecuta esa plata. Está incumpliendo los deberes de funcionario público. No la ve. Si Salamone dice ‘me voy’, le dirán ‘bueno, chau’, y vendrá un cuatro de copas que garantice el vaciamiento, o el CONICET se va a intervenir, no lo descarto como posibilidad”.
“A mí no me cabe duda de que Milei y su gente vienen a destruir el sistema de ciencia de la Argentina, a pesar de algún asesoramiento bienintencionado que puedan tener –sostuvo Salvarezza–. La decisión política es esa, con un presidente que le da like a tuits que hablan abiertamente de la satisfacción que les genera destruir el CONICET. Tenemos un presidente que frente a la prensa internacional dice que siente un profundo desprecio por el Estado, que el Estado es una asociación criminal y que no es la solución sino el problema. Esta ideología antiestatal del neoliberalismo autóctono, que hoy se muestra en su forma más extrema, no es nueva. Tiene un recorrido histórico, desde el ‘achicar el Estado es agrandar la Nación’ de Alsogaray, pasando por Cavallo y el consenso de Washington, hasta el ‘compromiso federal para la modernización del Estado’ de Macri. Nos guste o no, la ciencia está dentro de las responsabilidades de ese Estado, como lo están la salud, la educación, la cultura y los derechos humanos. Entonces, si alguien se propone destruir al Estado, claramente nosotros somos parte del objetivo de destrucción”.
Los exministros manifestaron su preocupación por la “batalla cultural” que plantea el dogma libertario respecto de la ciencia y otros valores constitutivos de un modelo de país democrático y autónomo. Lino Barañao recordó que en 2016, en un encuentro con colegas estadounidenses atemorizados por el advenimiento de Trump, “me señalaron algo a lo que entonces no presté atención pero que ahora, creo, es evidente: la sociedad estaba empezando a ver a los científicos como un grupo de interés particular, uno más, en el que se puede creer o descreer, más allá de su capacidad para brindar a la sociedad información verificable o verificada. Eso está empezando a ocurrir acá”.
Barañao se mostró azorado por “esta ola patológica de crueldad desatada que está generando episodios que nunca se habían visto”, como la agresión a dos becarias del CONICET en La Plata. “Uno hace alguna aseveración y recibe un ataque personalizado. La batalla se da ahí, en las redes, y no es algo para lo que estemos preparados. Hay que repensar una estrategia discursiva acorde a los tiempos que corren. Si ni siquiera les importa la opinión de los premios Nobel. Es un gobierno irracional, fundamentalista. Por eso es esencial demostrar que la ciencia realmente impacta positivamente, rescatar los casos concretos en que la ciencia efectivamente contribuye al desarrollo económico y social del país”.
Para Salvarezza, “tendemos a creer que la percepción que tiene la sociedad sobre la ciencia hay que mirarla en las redes sociales, donde un ejército de trolls ejecuta y estigmatiza a los científicos. Pero no es eso lo que pasa en la sociedad. No hay que convencer a la gente de que la ciencia es útil. Ya estaba convencida en la pandemia. Habría que hacerles entender a quienes hoy gobiernan que en los países desarrollados, en Israel, en Estados Unidos o en la Unión Europea, el Estado es el principal emprendedor. Pero para esta concepción neoliberal autóctona, el conocimiento representa un gasto. ¿Cómo entender entonces la admiración de nuestros neoliberales por esos países, mientras desfinancian la ciencia y le pasan la motosierra a las becas doctorales?”.
Respecto de las estrategias posibles en este contexto inédito para la ciencia argentina, Salvarezza detalló algunos puntos sensibles de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, aprobada por el Congreso en 2021. “Esa ley colocaba a la ciencia como política de Estado. Veníamos de una experiencia catastrófica con Macri, cuando la función Ciencia y Técnica bajó del 0,34 al 0,24% del PBI, y nos daba una base una base sólida para que estos vaivenes a los que estamos sometidos no se volvieran a repetir. Bien, el artículo 6 de esa ley habla de la progresividad del financiamiento al momento de elaborar el presupuesto nacional, para pasar del 0,28% del PBI hasta un 1% de inversión del Estado en la función Ciencia y Técnica en 2032. Este año nos hubiera correspondido un 0,39%. El artículo 7 habla de las garantías, y dice que la asignación de recursos para CyT nunca será inferior en términos absolutos a los del presupuesto del año anterior si la aplicación del porcentual del PBI previsto diera por resultado un monto menor o igual. Y faculta al jefe de gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la ley”.
Esa ley, puntualizó Salvarezza, no está derogada. No está en el DNU 70-2023 ni tampoco en la Ley Ómnibus. “Podríamos alegar mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que no están cumpliendo con la Ley de Financiamiento de la Ciencia”.
Los exministros coincidieron, con matices, en que la posibilidad de impulsar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la no ejecución de esos fondos ya asignados es un instrumento que, más allá de su sustento jurídico, debe sumar masa crítica en el Congreso. Es una de las tareas que se planteó la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que tracciona adhesiones a través del trabajo de sus comisiones de Asuntos Legales y Parlamentaria.
“Yo creo que es necesario construir un gesto de pluralidad, de amplitud política –sostuvo Filmus–. La Ley de Financiamiento se aprobó por unanimidad, pero también las leyes de Bionanotecnología y de Economía del Conocimiento y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. El Congreso que le puso un freno a la Ley Ómnibus y le dijo que no al DNU, que también atenta contra la ciencia y la tecnología porque permite privatizar instituciones clave e intervenir otras, es el mismo Congreso que masivamente se ha pronunciado por la ciencia y la tecnología en todas esas leyes. Debemos recurrir a todas las fuerzas políticas de la oposición, sin distinción, para plantear que este presupuesto del 0,39% del PBI para ciencia y tecnología en 2024, que ya estaba aprobado, se aplique”.
Salvarezza agregó otros actores de peso que podrían sumarse al reclamo de la comunidad científica, desde los gobernadores, sensibles a la situación crítica de sus universidades, hasta las pymes, víctimas de los procesos de desindustrialización que, en paralelo con su ataque a la ciencia, desencadenan todos los gobiernos neoliberales.
“No podemos aislar la lucha de los científicos –agregó Filmus– del conjunto de las luchas por la defensa de un país que pueda crecer en función del bienestar de todo el pueblo argentino, que hoy está siendo atacado. Tenemos que encontrar la forma de articular la pelea de los científicos, los docentes, los universitarios, con todas las peleas que está dando la sociedad argentina, porque no estamos dispuestos a aceptar que destruyan la ciencia y el Estado”.
Sobre el cierre del simposio Salvarezza invitó a “entender que esta vapuleada ciencia nacional refleja una disputa que expresa definiciones políticas y geopolíticas que exceden el escenario de nuestra comunidad. Cuando nos planteamos el futuro de nuestros institutos, nuestros laboratorios, nuestros becarios y becarias, debemos saber que este futuro depende del modelo de país que los argentinos querramos construir. Si la Argentina quiere insertarse en el mundo siguiendo el modelo de los países desarrollados, va a necesitar introducir innovación y tecnología en sus sectores productivos a través de su sistema de ciencia, agregando valor a la producción de alimentos y a los recursos como el gas, el petróleo y el litio. Es el camino que se intentó recorrer con más o menos dificultades entre el 2003 y 2015, y que pretendíamos retomar con la Ley de Financiamiento. De lo contrario, la Argentina adoptará un modelo neocolonial, permaneciendo entre las naciones de bajo desarrollo incapaces de salir del extractivismo y la primarización de sus economías, para lo cual la ciencia es innecesaria. Está claro que este gobierno ha elegido esta última opción”.
