Consistencia interna
No es noticia que las leyes pueden ser contradictorias, pero sí que gracias a la computación existe la posibilidad de que dejen de serlo. Un grupo de investigadores de la UBA está desarrollando un conjunto de herramientas que permite detectar automáticamente defectos poco evidentes para el ojo humano en documentos normativos.
Un grupo de investigadores de Exactas UBA logró crear un lenguaje de fórmulas bautizado como FormaLex, a partir del cual lograron expresar las normas en un modo en que la computadora pueda analizarlas y detectar automáticamente qué inconvenientes pueden surgir en la práctica.
La reunión de las autoridades de la Universidad se había empantanado. El dilema era si correspondía o no otorgarle una licencia con goce de sueldo a un docente. Aunque existía una norma al respecto, en ese caso particular no resultaba tan clara su aplicación. En ese momento un grupo de docentes del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (Exactas-UBA) se planteó una pregunta: ¿podría la computación ayudar para encontrar y corregir defectos en las leyes?
A partir de esta inquietud se formó un grupo de investigación que logró crear un lenguaje de fórmulas bautizado como FormaLex, término que surge de la unión de las palabras formal y lex (que significa ley en latín). Gracias a él lograron expresar las normas en un modo en que la computadora pueda analizarlas y detectar automáticamente qué inconvenientes pueden surgir en la práctica.
Fernando Schapachnik, profesor en el Departamento Computación de Exactas-UBA y doctor en Computación, es uno de los integrantes del proyecto. Explica que el primer paso para diseñar un software es describir cómo debe comportarse ese sistema. El punto de partida de este equipo de investigadores fue la premisa de que estas detalladas especificaciones y ciertos tipos de documentos normativos tienen algunas similitudes. Mientras que las especificaciones de software se refieren a lo que tiene que hacer un programa informático, las leyes enumeran qué conductas están prohibidas, permitidas o son obligatorias para las personas. “De esta manera –afirma Schapachnik– podemos utilizar toda la maquinaria con la que contamos para asegurarnos de que el software esté bien diseñado, y adaptarla para ver si las leyes están bien hechas” o, como diría un matemático: si poseen consistencia interna.
En busca de la ley perfecta
Pero ¿qué significa que una ley esté bien hecha? Para este grupo de expertos en computación, significa que haya coherencia, es decir ausencia de contradicciones, aunque en los casos más complejos las inconsistencias no surgen a partir de una sola norma, sino de la conjunción de varias.
Uno de los ejemplos que da el profesor Schapachnik es el de un reglamento universitario. En uno de sus artículos se declara que no se puede contratar más de una persona para trabajar en una ventanilla de atención al público. En otro se determina que esa oficina debe estar abierta desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. En un tercero se prohíbe que los empleados trabajen más de ocho horas. En este caso estamos frente a una contradicción, ya que resultaría imposible cumplir con las tres normas.
Como en este caso hipotético, las leyes a las que apunta la investigación son de carácter operativo. No se refieren a los proyectos que se aprueban en el Congreso de la Nación luego de arduos debates, sino a reglamentos como los que regulan el préstamo de un libro en una biblioteca o la aplicación de multas a automovilistas. Se trata de ámbitos en los que los conflictos raramente son judicializados y en los que casi no hay una mediación entre el texto y la persona que lo aplica. A esto se suma que, para las normativas de tipo operativo, no existe el registro de una jurisprudencia –es decir un archivo de sentencias anteriores– al que se pueda acudir en caso de dudas.
Otro punto de vista
Facundo Bargalló Benegas es abogado y controlador de faltas en la ciudad de Buenos Aires. En su oficina, acepta escuchar de qué se trata este proyecto. La explicación es interrumpida varias veces por otras personas que trabajan allí y también necesitan saber qué piensa: “¿Corresponde darle pago voluntario a esta falta de tránsito?” o “Dice el dueño de un local que tenemos que levantarle la clausura ¿Qué hacemos?”.
A pesar del ritmo agitado de la atención al público, Bargalló se toma el tiempo para entender en qué consiste el proyecto del grupo de Exactas-UBA, y opinar al respecto. Afirma que puede ser beneficioso mientras no se deje de lado el análisis de las leyes que puede hacer una persona, y prosigue: “Todos los días acá encontramos contradicciones, hay cosas que con algunas personas se aplican y con otras no, y desde un sistema tal vez es difícil entender por qué. Nosotros estamos en el contacto directo con la persona y cuando nos encontramos con una situación más carenciada o de discapacidad tomamos otras consideraciones.”
Bargalló muestra precaución acerca del tipo de defectos que puede encontrar una computadora, imagina que un sistema puede entender por contradicción algo que para una persona no lo es. “Desde muchas profesiones se piensa que los abogados terminamos encontrando siempre el modo de complicar los sistemas, pero la verdad es que, si el programa lo predispone de un modo muy matemático, seguramente van a aparecer interpretaciones erróneas”, añade.
Por un momento hay tranquilidad en el box de la Unidad de Atención de Faltas número 132. Pero la pausa no dura mucho, un hombre de traje entra a la oficina y Bargalló le dice que enseguida lo va a atender. Antes de hacerlo da su conclusión sobre el proyecto de análisis formal de las leyes: “Este sistema busca darle más pureza a una norma y que en el futuro haya menos lugar para las interpretaciones a causa de que existan menos contradicciones. En parte es positivo, siempre y cuando funcione como un filtro más. El problema es que se puede quitar cierta flexibilidad a la hora de decidir, a menos que el objetivo sea que las normas estén mucho más estandarizadas.”
El secreto está en las fórmulas
La clave de este trabajo está en la traducción de las normas escritas a formulas matemáticas. El lenguaje oral y escrito que usamos para comunicarnos cotidianamente está plagado de ambigüedades. No obstante, logramos entendernos en función del contexto: aunque una palabra tenga varias acepciones, pocas veces dudamos de cuál es la que está en uso en cada caso particular. Si bien las imprecisiones del lenguaje no significan un obstáculo para nosotros, sí pueden serlo para una computadora.
A la hora de encontrar automáticamente defectos en las leyes, no era una opción que los sistemas analicen los artículos tal y como están redactados. Una alternativa era reescribirlos en un castellano muy cuidadoso, pero Schapachnik explica que decidieron utilizar fórmulas debido a algunas de las ventajas extra que ofrecen: “Cuando uno expresa qué debe hacer el software con un lenguaje matemático, ya tiene herramientas que lo toman y hacen algunos análisis. Por ejemplo, pueden ver si hay contradicciones”. De esta manera, los procedimientos que suelen utilizarse para analizar un software son aplicados a las leyes.
El tiempo, el tirano de siempre
Si bien Schapachnik afirma que la herramienta que están desarrollando puede ser de utilidad para mejorar las leyes, duda de si el trabajo que implica no lo puede realizar un humano en menos tiempo sin necesidad de usar una computadora. Aunque existen programas que detectan estos defectos con rapidez, para que esto sea posible es necesario un paso previo de traducción de las normas escritas en castellano al lenguaje FormaLex que crearon.
En este sentido, Schapachnik afirma: “estamos suponiendo que hay un especialista que traduce a fórmulas el texto de la ley y esto claramente demanda un esfuerzo. Nos preguntamos si en el tiempo que se hace este trabajo no se puede leer detalladamente la norma y encontrar los mismos defectos que la computadora encuentra automáticamente”
Como se describe en uno de los artículos que publicó el grupo de Exactas-UBA, para probar los resultados del lenguaje FormaLex trabajaron sobre el caso hipotético, pero de inspiración real, de un reglamento universitario. Como se trataba de un cuerpo de normas reducido, resulta difícil partir de esa experiencia para conocer cuál es la relación costo-beneficio del análisis que proponen.
Afortunadamente, existe un equipo de ingenieros y abogados de la Universidad FASTA de Mar del Plata que se interesó por este desarrollo y lo está aplicando al estudio de la Ley de Defensa del Consumidor. Ana Haydée Di Iorio, ingeniera en informática y co-directora del proyecto, revela que están codificando los 17 capítulos que componen la ley y calcula que a fin de año tendrán resultados en la detección de inconsistencias.
Mientras tanto, el grupo del Departamento de Computación de Exactas-UBA se encuentra trabajando para mejorar la capacidad expresiva de su lenguaje lógico: “Por ejemplo, la primera versión permitía hablar de una acción, pero no de quién la llevaba a cabo. Podríamos decir que estamos tratando de hacer la herramienta más poderosa”, adelantó Schapachnik. Mientras las investigaciones continúan, una pregunta queda pendiente: ¿nos espera un futuro de leyes más armónicas y menos contradictorias?
