Hay remedio
El Senado de la Nación aprobó una norma que promueve la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos. Considera a los fármacos como bienes sociales y solicita que se otorgue preferencia a los laboratorios públicos en las compras del Estado nacional y las provincias. NEX dialogó con Martín Isturiz, uno de los promotores de la iniciativa, acerca de sus alcances y los peligros que todavía debe sortear para que pueda implementarse en toda su potencia.
El miércoles 29 de junio, en el Congreso de la Nación, una lucha de años, impulsada por un amplio conjunto de organizaciones sociales, alcanzó su objetivo. Esa tarde, el Senado, aprobó por unanimidad la Ley de Producción Pública de Medicamentos. Entre otros puntos, la norma establece que remedios, vacunas y productos médicos deben ser entendidos como “bienes sociales”; solicita que se “otorguen preferencias” a los laboratorios públicos en las compras del Estado nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; propicia el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública; impulsa la investigación y producción de medicamentos huérfanos -aquellos cuya producción no es rentable para los laboratorios privados- y promueve la articulación con instituciones académicas y científicas y organizaciones de trabajadores y usuarios.
Actualmente existen 39 laboratorios públicos en todo el país. En Santa Fe, dos de ellos, proveen el 95% de los medicamentos necesarios para la atención primaria de la salud en la provincia. Otros, además de cubrir una parte de la demanda nacional, exportan su producción a varios países de la región. Además, la presencia activa de los laboratorios públicos, como sostuvieron varios legisladores durante el debate en la Cámara Alta, implica un poderoso poder regulatorio que permite disminuir los precios que imponen los laboratorios privados cuando disponen del monopolio de la producción de una droga.
Con el objeto de tener más precisiones sobre los alcances y las posibilidades que se abren a partir de esta iniciativa, el Cable dialogó con Martín Isturiz, investigador principal del Conicet e integrante del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, uno de los colectivos que trabajó a favor de este proyecto.
– ¿Qué importancia le otorga usted a la sanción de esta ley?
– Si bien se trata de una ley marco es realmente importante. La producción pública es un hecho social muy relevante porque logrará que los medicamentos tengan un costo muchísimo menor que el conseguido por el Estado a través de licitaciones públicas. También plantea cosas fundamentales como hacer investigación y desarrollo en el área de fármacos, biológicos, insumos de laboratorio. Ahora es fundamental que el Ministerio de Salud elabore una buena reglamentación porque una mala reglamentación puede llegar a inutilizar una excelente ley. Lo que nosotros vamos a proponer, junto con varios colectivos y algunos legisladores, es participar en las instancias de reglamentación.
– La norma considera a los medicamentos como “bienes sociales”. ¿Qué implica esta definición?
– Es una definición importante. Si se considera, como lo marcan las convenciones internacionales que la salud es un derecho, el medicamento tiene que dejar de ser una mercancía y pasar a ser un bien social. En consecuencia el Estado debe garantizar que todas las personas que lo necesiten tengan acceso él. Eso es, por ejemplo, lo que hace el Estado a través de planes como el Remediar y otros. Asegurar que todo ciudadano tenga acceso a los medicamentos es un punto central en cualquier política de salud.
– ¿Qué impacto puede tener esta legislación en el mercado de medicamentos en Argentina?
– El mercado farmacéutico presenta una estructura monopólica u oligopólica en muchas de sus áreas. En esos casos los precios ya no se establecen a partir de los costos de producción. En Brasil, por ejemplo, en el año 2005, el laboratorio Abbot quiso duplicar el precio del antirretroviral Kaletra. El gobierno brasileño le advirtió que si hacía eso el laboratorio estatal Farmanghinos lo iba a empezar a producir sin respetar la patente. Abbot tuvo que retroceder. En nuestro país, en 2009, el Ministerio de Salud necesitaba entre 100 y 150 mil comprimidos de albendazol, una droga que se utiliza para la hidatidosis. El laboratorio Sandoz, que es parte de la multinacional Novartis, estableció un costo de 22 pesos el comprimido. Al Ministerio le pareció un poco excesivo y entonces consultó al PROZOME que es el laboratorio público de Río Negro. Le ofreció el mismo fármaco a 50 centavos, es decir, 44 veces menos. Esa es la importancia de tener instrumentos que te permitan alcanzar la capacidad operativa de poner precios testigo.
– ¿La red de laboratorios públicos podría proveer de medicamentos al plan Remediar?
– El plan Remediar se sustenta con parte del aporte del Estado y un préstamo del BID. El préstamo del BID tiene la condicionalidad de que la compra de medicamentos debe hacerse a través de una licitación internacional. Para participar de esas licitaciones los laboratorios deben contar con determinadas características que son exigidas por el organismo regulatorio que es la ANMAT. De los 39 laboratorios públicos, sólo seis o siete cumplen con los requisitos ANMAT. Ahora bien, con lo que se ahorraría en un solo año, si el programa Remediar se abasteciera con producción pública, se podrían poner a todos los laboratorios públicos en condiciones ANMAT. Con 3,2 millones de pesos que la presidenta le dio el año pasado al Instituto Biológico de la Plata, ese laboratorio, que estaba totalmente desactivado, va a tener la capacidad de producir 120 millones de comprimidos al año y se pondrá en condiciones ANMAT. Además, esos requisitos surgen porque el Estado utiliza un préstamo del BID, pero si el Estado toma la decisión política de dirigir la producción pública hacia el Remediar, se podrían establecer reglas distintas. Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un organismo regulador pero el ANMAT fue fundado en la década del 90 con una influencia muy fuerte de los laboratorios, y entonces se han establecido sobreexigencias, o exigencias innecesarias con el único objetivo, y esta es mi interpretación, de dejar afuera a los laboratorios públicos.
– El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vetó una disposición a favor de la producción pública de medicamentos que había sido aprobada por la Legislatura. ¿Eso significa que la nueva norma no se aplicará en Capital?
– Argentina es un país federal y la salud se ha provincializado. Cada provincia va a decidir si se incorpora o no a esta iniciativa. Pero no entrar va a tener un costo político alto. Lo que pasó en el Congreso fue contundente. En Diputados hubo 180 votos positivos y 3 abstenciones. Y en el Senado la votación fue unánime. Si la Ciudad no quiere sumarse va a tener que explicar por qué no quiere.
– ¿En qué plazo puede comenzar a sentirse el impacto de la producción pública de medicamentos?
– En principio hay capacidad instalada para largar. Un ejemplo, en el 2009, entre diez y quince rubros del Remediar quedaron vacíos porque muchos laboratorios consideraron que les convenía más exportar su producción. Entonces, el Ministerio recurrió a los laboratorios públicos. Cuatro de ellos, en seis meses, produjeron cuarenta millones de comprimidos. Es decir que hay capacidad para empezar ya. Lo que sí hay que hacer es una coordinación porque no van a producir todos lo mismo. Muchos creen que estos laboratorios son kioscos y no lo son. No se trata de medicamentos para pobres como muchas veces se trata de desacreditar por esa vía a los laboratorios públicos. Algunos son realmente potentes. Ahora, la expansión se va a dar en la medida en que los sectores de ciencia y técnica se incorporen al sistema a través de becas y subsidios como el FONTAR, el FONARSEC.
– ¿Cómo deberían funcionar esos subsidios?
– Por ejemplo, el benznidazol es un medicamento huérfano que se utiliza contra el mal de Chagas. Hubo años en que no teníamos ni una pastilla. Entonces, un proyecto puede ser, entregar el subsidio a un grupo de químicos orgánicos que pueda hacer la síntesis química del benznidazol. Luego lo escala el INTI y, finalmente, los laboratorios realizan su producción masiva. Apoyar a este tipo de iniciativas es la manera de hacer que el químico básico, sin dejar de dedicarse a su trabajo de investigación, puede contribuir a que salga un medicamento. En Argentina prácticamente todas las drogas básicas se importan. Si el país adquiere la autonomía tecnológica para producirlas los laboratorios públicos podrían exportar, lo que implica que podrían hasta autofinanciarse. En el Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba trabajan doscientas personas. Produce el 60% de la albúmina que se consume en el país, un 40% más barato que la producción comercial, y exporta a varios países de la región.
– ¿De dónde podrían salir los recursos para potenciar la producción pública de medicamentos?
– De la misma plata que hoy se está invirtiendo. Actualmente se gastan 200 millones de dólares en el plan Remediar. Yo estoy seguro de que si se lo abasteciera con producción pública el costo no superaría los 50 millones. Entonces, si a esos 150 millones de dólares excedentes se los invirtiera en optimizar el sistema podríamos tener laboratorios de primer nivel internacional.
Un largo y sinuoso camino
– Desde hace mucho tiempo usted viene impulsando este tema y en sus presentaciones daba la sensación de que no tenía muchas esperanzas de que esta legislación fuera aprobada.
– No, la verdad que no, para nada. Es que el marco general es muy difícil de entender. El ex ministro de Salud, Ginés González García estaba decididamente en contra. Cuando asumió Ocaña sacó una resolución impecable que impulsó la producción pública. Y después Manzur desactivó todo. Sin embargo, al mismo tiempo recibíamos el apoyo de Garré que, cuando estaba a cargo de Defensa, incorporó los dos laboratorios de las Fuerzas Armadas a la red pública. Cuando parecía que todo se venía abajo, la presidenta le dio un subsidio al Biológico de La Plata para reactivarlo. Y ahora sostiene que se trata de una política de Estado. Yo creo que es muy importante la presión que puedan hacer las organizaciones políticas, sociales, gremiales. Hoy estamos en el plano de la disputa. Si se afloja un poquito entra el sector privado y desarma todo. Hay presiones muy fuertes de las corporaciones farmacéuticas.
– ¿Cree que a pesar de estas presiones la ley se va a poder implementar?
– La ley tuvo una difusión impensada. A nosotros no nos sacaban ni en la última hoja con los avisos fúnebres. Clarín y La Nación no sacaron una sola línea, nada. Pero Página/12 hizo dos tapas, también lo sacó Tiempo Argentino y la revista Veintitrés. Además nos llamaron de muchas radios y alrededor de 600 sitios web tomaron el tema. Eso le dio otro volumen a la lucha. Además ahora tenemos otros argumentos. Ya hay una ley. No es simplemente la voluntad de cinco loquitos. Tenemos la contundencia de la votación en Diputados y Senadores e insisto, la presidenta dijo que es una política de Estado. Estamos todavía en el terreno de la disputa. Pero ahora la pelea es diferente.
