Producción pública de medicamentos

A la salud de todos

actualidad — por el 16/03/2015 a las 13:11

A fines del mes de enero el Poder Ejecutivo promulgó la ley que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, una herramienta clave que permitirá desarrollar en todo su potencial la producción pública de medicamentos y vacunas. Se trata de una política esencial para asegurar el acceso universal a los fármacos y para regular el concentrado mercado de laboratorios medicinales en Argentina.

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La presencia activa de los laboratorios públicos implica un poderoso poder regulatorio que permite disminuir los precios que imponen los laboratorios privados cuando disponen del monopolio de la producción de una droga.

La presencia activa de los laboratorios públicos implica un poderoso poder regulatorio que permite disminuir los precios que imponen los laboratorios privados cuando disponen del monopolio de la producción de una droga.

http://nexciencia.exactas.uba.ar/audio/ClaudioCapuano.mp3
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Descargar archivo MP3 de Claudio Capuano 2

 

La decisión de implementar una política nacional de producción pública de medicamentos y vacunas (PPMV) en Argentina cuenta con diversos antecedentes históricos que, no casualmente, se registran siempre en tiempos de gobiernos populares. En primer lugar, habría que remontarse al año 1946 cuando, frente a un desmedido aumento de precios de los remedios, el entonces secretario de Salud del gobierno de Perón, Ramón Carrillo, impulsó la creación de EMESTA (Empresa Medicinal del Estado), rompiendo, por primera vez, el monopolio privado en la elaboración de fármacos.

En este linaje histórico, también debe inscribirse la llamada “Ley Oñativia” de 1964, que lleva el apellido del ministro de Salud del gobierno de Arturo Illia, que establecía férreos controles sobre el mercado farmacéutico argentino. Muchos historiadores coinciden en que esta norma fue una de las causas que provocaron el golpe de Estado contra ese gobierno democrático. También se recuerda a Raúl Laguzzi quien, durante el tercer gobierno peronista, como decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica primero, y luego como rector de la UBA, impulsó la elaboración de fármacos en el ámbito universitario hasta que se vio obligado a abandonar el país luego de sufrir un atentado con una bomba en su domicilio, llevado a cabo por la organización criminal paraestatal “Triple A”.

Luego de la dictadura militar, hubo que esperar muchos años para que, en el marco de una crisis económica cada vez más profunda, un grupo de organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, científicas y de derechos humanos retomaran estas banderas. “Recuerdo que en el año 2002 varios pacientes hemofílicos -cuyo tratamiento era importado-, se acercaron desesperados hasta la Facultad para preguntarnos qué podían hacer porque les resultaba imposible adquirirlo. Esas personas terminaron encadenándose al Ministerio de Salud”, recuerda el doctor Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. Y completa: “Esta situación dramática generó una respuesta desde la comunidad universitaria: el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó a producir Factor VIII. Actualmente Argentina no sólo se autoabastece de Factor VIII, sino que también lo exporta a Uruguay”. Ese conjunto de organizaciones terminó conformando la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos, un colectivo que impulsó tenazmente la aprobación de una ley en ese sentido.

Si bien a partir de 2003 se inicia un proceso de revalorización del rol del Estado en la sociedad, los intereses que se oponían a esta ley obstaculizaron una y otra vez su tratamiento legislativo. “En este conflicto de intereses nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato. Nos pasó con varios diputados, que a mitad de camino nos decían: ‘no se puede, es imposible’. Siempre se ponía el énfasis en la oposición de los laboratorios privados”, recuerda Capuano.

Luego de incontables marchas y contramarchas, el 29 de junio de 2011 el Senado aprobó por unanimidad, por primera vez en la historia de nuestro país, una ley de promoción de la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas. Pero la resistencia continuó y logró demorar por tres años su reglamentación, tarea que se completó recién a fines de julio de 2014. A partir de allí se aceleraron los tiempos y, a mediados de diciembre pasado, fue aprobada la ley de creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Promulgada un mes después, queda pendiente su reglamentación. Sin embargo, el nombramiento de Daniel Gollán –un reconocido impulsor de este tipo de políticas- como nuevo ministro de Salud, hace suponer que la tarea se llevará a cabo rápidamente. De esta manera, se completaría el andamiaje legal necesario para desplegar una política que permitiría asegurar el acceso de todas las personas a los fármacos y avanzar en el establecimiento de políticas soberanas en materia de salud.

Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA.

Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA.

La receta indicada

Uno de las definiciones clave que contiene la actual legislación pasa por considerar al medicamento como un “bien social” ¿Qué implicancias tiene esta definición? “Significa sacar al medicamento del ámbito de las mercancías”, aclara Capuano, y se explaya, “cuando hablamos de salud, hablamos de un derecho y cuando uno habla de derechos está hablando de determinadas obligaciones que tiene que cumplir el Estado para con la población. Cuando uno habla de salud, habla de acceso a la atención médica y acceso al tratamiento y, para que una persona pueda acceder al tratamiento debe, entre otras cosas acceder al medicamento. Ese derecho lo tiene que garantizar el Estado a través de los laboratorios públicos”.

Actualmente existen 39 laboratorios públicos en todo el país. En Santa Fe, dos de ellos, proveen el 95% de los medicamentos necesarios para la atención primaria de la salud en la provincia. Otros, además de cubrir una parte de la demanda nacional, exportan su producción a varios países de la región. Además, la presencia activa de los laboratorios públicos implica un poderoso poder regulatorio que permite disminuir los precios que imponen los laboratorios privados cuando disponen del monopolio de la producción de una droga.

Un ejemplo que da cuenta de la potencia que puede tener la aplicación de una política consecuente en este sentido se viene dando en Brasil. “Cuando los laboratorios privados le aumentaron los precios para los tratamientos contra el HIV –cuenta Capuano-, y ante su negativa a bajarlos, el gobierno brasileño decidió suspender la patente, romper el monopolio y empezar a fabricarlo en sus laboratorios públicos. Eso es entender cómo se comporta la industria farmacéutica a nivel mundial”.

En la Argentina, según datos proporcionados por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) existen alrededor de 230 laboratorios registrados. El alto grado de concentración que presenta este mercado queda de manifiesto con el siguiente dato: las primeras 30 empresas farmacéuticas explican cerca del 80% de la facturación total, que en 2013 superó los 27 mil millones de pesos anuales.

Este sector en los últimos 40 años se consolidó como un oligopolio de características horizontal y vertical. Horizontal porque sólo unos pocos laboratorios privados se quedan con la mayoría de las ventas. Y vertical, porque una sola distribuidora controla y maneja más del 60 por ciento de la distribución total en el país. “¿Cuáles son las consecuencias de esta estructura de mercado? se pregunta Capuano y, en seguida, responde, “imaginate que vos tenés un laboratorio familiar que produce un determinado medicamento a un costo más bajo que el que ellos imponen en el mercado, ¿qué hacen los laboratorios? Te dicen: si lo producís más barato no te lo distribuyo”.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud, la Argentina destina un 32 por ciento de su gasto total en salud a la compra de medicamentos. Un porcentaje muy alto cuando se lo compara con lo que ocurre en Europa, donde esa cifra se ubica entre un 10 y un 13 por ciento. El sobreprecio que tienen los medicamentos en nuestro país es una de las causas que explican este fenómeno, junto con el alto nivel de medicalización que tiene la población.

“La única manera de cambiar esta situación es con los laboratorios públicos. Te doy un ejemplo: el laboratorio PROZOME (Programa Zonal de Medicamentos) de la provincia de Río Negro produce un medicamento para una enfermedad endémica del sur del país: la hidatidosis. Este medicamento también era producido por un laboratorio privado. Hicimos un estudio y comprobamos que el medicamento producido por el PROZOME era casi un 300 por ciento más barato. Y esto es algo que se repite en muchísimos casos aunque no siempre la diferencia es tan grande”, relata Capuano.

"El laboratorio PROZOME de la provincia de Río Negro produce un medicamento para la hidatidosis, una enfermedad endémica del sur del país, a un costo casi 300 veces menor el elaborado por los privados", asegura Capuano.

“El laboratorio PROZOME de la provincia de Río Negro produce un medicamento para la hidatidosis, una enfermedad endémica del sur del país, a un costo casi 300 veces menor el elaborado por los privados”, asegura Capuano.

No hay mejor remedio

Según los impulsores de esta política, el conjunto de los laboratorios públicos de la Argentina está en condiciones de producir el 80 por ciento de los medicamentos básicos esenciales establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud). En cuanto a su volumen de producción se destaca que pasó de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010. Sin embargo, el potencial productivo de estas plantas puede ser bastante mayor. “Hoy en día el Programa Remediar atiende a más de 10 millones de personas y para esto necesitan unos 500 millones de comprimidos al año. Nosotros hicimos un estudio en el tomamos al azar 11 laboratorios públicos, los llevamos a su capacidad potencial, calculada de la siguiente manera: que trabajen 20 días al mes, 11 meses al año, un solo turno. El resultado fue que llegaban a producir 900 millones de comprimidos anuales”, explica Capuano.

Claro que, para lograr semejante incremento de la producción, se requiere de un proceso sostenido de inversión y articulación de un sistema altamente fragmentado: los 39 laboratorios públicos están distribuidos en 14 provincias y sólo uno se encuentra bajo la órbita del Estado nacional, el resto depende de provincias, municipios y universidades.

Justamente con ese objetivo se aprobó la ley que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que declara “de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos”, con el objetivo de coordinar la actividad de estos establecimientos y determinar una estrategia a nivel nacional, en base a una única política sanitaria.

“¿Qué representa esto? Que si vos, por ejemplo, sabés que en la región sur del país va a haber infecciones respiratorias y vos sabés que vas a necesitar muchos antibióticos, vas a poder ir orientando la producción con ese objetivo. Esto tiene un alto valor sanitario porque te podés ir adelantando a los hechos. Además va a ir acompañado de un gran ahorro en lo económico porque producís más barato”, se entusiasma Capuano, y remata, “No tengo dudas de que cuando todo esto se ponga en marcha va a representar un enorme avance respecto de nuestra soberanía en salud”.

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